El ministro de Salud, Eduardo Pazuello, publicó este jueves 24/9 un nuevo decreto que establece procedimientos a ser adoptados en la red pública de salud en casos de abortos permitidos por ley (embarazo como consecuencia de violación, cuando hay riesgo de muerte de la gestante, y fetos con anencefalia). Nuevamente, la medida intenta dificultar el aborto legal a mujeres y niñas.

Por: CSP-Conlutas, Brasil

Con apenas algunas alteraciones, el texto reafirma procedimientos definidos en otro decreto (n.° 2.282, del 27 de agosto), que fue fuertemente contestado por entidades de la salud ligadas a los derechos de las mujeres.

En el texto anterior, el decreto obligaba al médico a llamar a la policía luego de acoger a víctimas de violación. En el texto publicado este jueves, fue quitada la palabra “obligatoriedad”, pero los médicos “deberán observar las siguientes medidas: comunicar el hecho a la autoridad policial responsable”.

En la práctica, no cambia nada, pues sigue la orientación a los médicos, lo que creará una intimidación absurda para mujeres y niñas víctimas de violación, con el claro objetivo de hacerlas desistir del aborto legal.

La obligatoriedad de médico de ofrecer un examen de ultrasonografía para que la gestante víctima de violación pueda ver el feto fue quitada del texto publicado este jueves.

Reducción de inversiones para el combate a la violencia

Al mismo tiempo en que publica medidas que aumentan las dificultades para que mujeres y niñas ejerzan un derecho legal, hay una brutal reducción de inversiones por parte del gobierno Bolsonaro y del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, comandado por la ministro Damares Alves, exactamente en políticas de combate a la violencia y protección a las mujeres víctimas de violencia.

Datos del propio gobierno, conforme relevamiento del diario Folha de S. Paulo, revelan que hasta setiembre la Cartera de Damares había utilizado solo la mitad del dinero de este año destinado a acciones de protección a las mujeres víctimas de violencia.

Del presupuesto total de R$121.900 millones reservados para la Secretaría Nacional de Políticas para las Mujeres, solo R$ 63,3 millones fueron utilizados, lo que significa que hay un compromiso de que el dinero será usado. Este es el primer estadio para la liberación del dinero público. Pero existe la posibilidad de que este valor ni siquiera se realice.

Específicamente, en políticas de combate a la violencia contra la mujer, de los R$ 24,6 millones reservados, solo R$ 7 millones fueron empeñados hasta setiembre. Para la construcción y mantenimiento de la Casa de la Mujer Brasileña, de los R$ 63,6 millones reservados, solo R$ 35,6 millones fueron utilizados. Y para el atendimiento de mujeres víctimas de violencia y políticas de igualdad, de los R$ 33,6 millones inicialmente previstos, solo R$ 20,7 millones fueron empleados.

Para 2021, Damares redujo el presupuesto para las políticas de igualdad de derechos, combate a la violencia doméstica y atención a las víctimas. El dinero de la Secretaría cae de R$ 52,2 millones que habían sido previstos para este año a R$ 39,4 millones, una reducción de 25%.

El corte en las remesas y el abandono de este tipo de política pública ocurren en el mimo momento en que ya fue constatado el aumento de la violencia contra la mujer durante la pandemia. Informe divulgado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública en el inicio de setiembre, por ejemplo, revela que los casos de femicidios registraron aumento de 22% solo en los dos primeros meses de la pandemia y las denuncias en el “Ligue 180” tuvieron un alza de 27%.

Políticas reaccionarias contra las mujeres

Para Marcela Azevedo, del Movimiento Mujeres en Lucha, es evidente que el objetivo del gobierno es inviabilizar la atención de niñas y mujeres en los servicios de salud.

“Esa medida se da después del caso absurdo de la niña de 10 años de Espírito Santo que enfrentó varios tipos de violación, con la complicidad del Estado y de los gobernantes, para hacerse un aborto legal, luego de haber sido violada. Ahora, el gobierno reaccionario de Bolsonaro quiere reglamentar tal violencia. El hecho es que Bolsonaro y Damares tienen desprecio por la vida de millares de niñas y mujeres que enfrentan el aumento de la violencia machista”, evalúa.

“No podemos aceptar ese ataque frontal a los pocos derechos democráticos que tenemos. Es preciso una lucha sin tregua para derribar ese decreto y no hacer concesión a este gobierno reaccionario, como hacen algunos parlamentarios de partidos de la oposición en el Congreso. Además, en defensa de la vida de las niñas y mujeres precisamos de una fuerte movilización por la descriminalización y por la legalización del aborto en el país, por políticas públicas efectivas de educación sexual, de protección a las víctimas de violencia y contra la desigualdad de género”, afirmó Marcela.

Artículo tomado de www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.