El Ejército de Liberación Nacional, ELN [la segunda guerrilla colombiana, después de las FARC, y que se encuentra hoy en proceso de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos], ha reivindicado públicamente la autoría de los atentados terroristas cometidos las semanas anteriores en diferentes regiones del país, incluyendo la explosión de un petardo en inmediaciones de la Plaza de Toros de Bogotá que le costó la vida a un patrullero de la policía e importantes afectaciones físicas a otros más y a un par de decenas de civiles que se encontraban casualmente en el lugar.
El Partido Socialista de los Trabajadores rechaza estos atentados en particular y, en general, todos los actos de terrorismo individual cometidos a espaldas de los trabajadores y en contravía de sus métodos legítimos de lucha social y política.
Estos actos son decididos burocrática y clandestinamente por un pequeño grupo de activistas desesperados e impacientes que se autoproclaman «representantes de los intereses y los deseos de los explotados» pero que no tienen la paciencia suficiente para esperar a preguntarles a esos explotados si esos son realmente sus intereses y sus deseos.
Cuando los trabajadores se ven en la necesidad de definir sobre una acción de lucha se reúnen en asamblea, analizan la situación, calculan el estado de sus fuerzas frente a las del patrón y, cuando tienen la suficiente claridad, deciden democráticamente, en votación abierta, si la emprenden o no. Ese es su método: el de la democracia obrera. Ese método legitima su lucha y los unifica frente al adversario de clase. Frente a tal forma de actuar, el gobierno y los patronos se quedan sin argumentos para descalificarla. Por eso se han visto obligados a incorporar en la propia legislación burguesa los derechos de organización, movilización y huelga. No se puede negar que a cada paso tratan de violarlos e incluso de reprimirlos, pero es un hecho que no pueden desconocerlos. Por eso los métodos obreros de lucha despiertan la simpatía y la solidaridad del conjunto de los explotados y oprimidos, aún si se trata de acciones armadas o violentas como las recuperaciones de tierra por los indígenas caucanos, o la defensa de una toma inicialmente pacífica.
Las organizaciones guerrilleras y terroristas actúan de manera totalmente opuesta. Su método es burocrático y autoritario. No discuten democráticamente sobre sus acciones, las imponen. Por eso el pueblo que dicen representar termina dándoles la espalda y repudiando sus actos. El atentado terrorista no tiene nada de heroico. Es el método del que tira la piedra y esconde la mano sin medir las consecuencias que, por regla general, son devastadoras para los trabajadores y los pobres. Porque a los transeúntes desprevenidos, que ponen los muertos y los heridos, hay que sumar el endurecimiento de la represión que desatan las autoridades sobre las organizaciones y las luchas legítimas de los trabajadores.
Por eso no solo rechazamos sino que condenamos los actos de terrorismo individual como los perpetrados por el ELN durante las últimas semanas, no porque seamos pacifistas, sino porque lo único que consiguen con estas acciones es darle argumentos a la patronal y al gobierno para endurecer el régimen y recortar aún más las libertades políticas y sindicales de los explotados. El intento de justificación del ELN del atentado en Bogotá, haciéndolo aparecer como parte del combate al aparato represivo del ESMAD, termina, a los ojos de la población, justificando su fortalecimiento; este aparato, que en efecto utiliza métodos de guerra contra los trabajadores y las masas, quedó como un grupo de héroes en los medios, gracias a esta acción equivocada del ELN, legitimando la aplicación indiscriminada del nuevo Código de Policía y dificultando la denuncia y la lucha contra los asesinatos de que han sido víctimas, en lo que va del año, más de setenta defensores de derechos humanos y de restitución de tierras.
Las reales motivaciones del ELN al cometer los atentados solo las conocen ellos mismos. Si lo que realmente buscan es mostrar una capacidad de combate al régimen –que hace mucho tiempo no tienen–, con el propósito de fortalecer su posición en la mesa en la que negocian su desmovilización como grupo armado, están logrando exactamente el efecto contrario. El repudio generalizado que han provocado sus acciones de los últimos días no solo los debilita políticamente sino que fortalece a los negociadores del gobierno y termina de colocar contra las cuerdas a sus propios representantes en la mesa de Quito.
Resulta altamente contradictorio que el proceso de negociación de su desarme –de renuncia de combate armado al régimen político, a cambio de prebendas electorales y otras cuantas gabelas democráticas y económicas– termine facilitándoles al gobierno y a la patronal el mantenimiento de las medidas antidemocráticas que impiden el derecho a la plena participación política de los sectores minoritarios de los trabajadores y las organizaciones obreras revolucionarias.
La dirección del ELN, que ha proclamado por todos los medios que su proceso de negociación –a diferencia del adelantado por las Farc en La Habana–, se va a hacer «con participación del pueblo» hace terrorismo individual sin consultar a ninguna organización de ese «pueblo», y no hace una sola exigencia en la mesa de negociación para que las organizaciones obreras y populares tengan las mismas garantías de participación política y social que piden para ellos a cambio de su desmovilización y la entrega de sus armas.
La dirección del ELN reclama de palabra la participación de toda la sociedad en el proceso de negociación, pero en los hechos se rinde a la norma burguesa de la diplomacia secreta. Capitula al mismo método de la negociación secreta con los enemigos de clase al que capitularon los dirigentes de las Farc, a cambio de prebendas individuales y de grupo, olvidando hasta la más mínima consigna de democracia política para todos los explotados.
El Partido Socialista de los Trabajadores durante cuarenta años defendió a las organizaciones guerrilleras de los ataques militares del régimen burgués y del imperialismo, al tiempo que criticó y combatió sin mediaciones, en el seno del movimiento obrero y revolucionario, sus métodos, su moral y su política. Por eso el PST, reivindicando esa tradición de lucha política aliado de los trabajadores y los pobres, exige del gobierno –para él y para todas las organizaciones obreras, populares y democráticas sin excepción– las mismas garantías de participación política que se le han concedido y se le están concediendo a las organizaciones guerrilleras que han negociado y negocian su desmovilización.
El ELN y las Farc han iniciado un proceso de incorporación al régimen político burgués colombiano. Ese es un régimen profundamente antidemocrático. Si lo que persiguen en ese proceso es simplemente asimilarse al régimen, como unos más de sus partidos políticos a cambio de prebendas individuales, los combatiremos políticamente en el mismo terreno en el que combatimos a los partidos burgueses tradicionales. Pero si por el contrario, lo que buscan es dar una batalla por democratizar las instituciones políticas, lo primero que deberían hacer es exigir del gobierno que extienda a todas las organizaciones obreras, populares, democráticas y revolucionarias que actúan en forma abierta las garantías que les está concediendo a cambio de su desmovilización y desarme. Reiteramos nuestra disposición de adelantar en unidad de acción todas las campañas políticas y de movilización que garanticen el respeto de los derechos democráticos de todos los pobres y oprimidos del país, empezando por las campañas para detener los asesinatos de los miembros de las organizaciones de masas.
Partido Socialista de los Trabajadores
Marzo 03 de 2017
