Crisis en el Catatumbo: el fracaso de la estrategia guerrillera y los límites de Petro

Por Partido Socialista de los Trabajadores – Colombia
Existe una máxima marxista que dice: “la existencia determina la conciencia”. Esto es lo que le ha pasado mayoritariamente a las organizaciones insurgentes, su forma de vida les ha cambiado el rumbo.
En las bases de la actual crisis en el Catatumbo, que ya cobra la vida de al menos 80 personas y el desplazamiento de más de 30 mil, podemos identificar tres problemas principales.
El primero es el factor estructural más general donde territorios olvidados por el Estado, ricos en recursos naturales, resisten al saqueo y a la expoliación del capitalismo imperialista en todas sus formas, con comunidades altamente vulnerables; acá los principales responsables son el sistema capitalista y todos los gobiernos anteriores. El segundo factor, es el fracaso de la estrategia guerrillera, que, ante la imposibilidad de la toma del poder, y el aislamiento cada vez mayor de la lucha de masas, terminan en estas disputas del poder local y con formas de financiación y métodos cada vez más cuestionables. El tercero es el fracaso de la propuesta de la paz total de Petro que de una manera simplista intentó negociar con todos al mismo tiempo, metiendo en el mismo saco a rebeldes, paras y bandas criminales.
Esta diferenciación era clave, por lo tanto, el tratamiento que debía dar y las expectativas de cada grupo al negociar eran muy diferentes. No porque las organizaciones criminales actúen muchas veces políticamente, o porque las organizaciones insurgentes cometan muchas veces actos criminales, quiere decir que son lo mismo y ya está. Nosotros, desde el PST, hemos venido criticando desde el inicio esta propuesta de “paz total”, señalando sus límites y la preocupación de que ocurriera lo que justo está ocurriendo ahora.
La paz en Colombia tiene como enemigos, no solamente la poca voluntad de los diferentes actores, que puede que la haya, sino también las contradicciones estructurales expresadas en la distribución de la tierra y la falta de una reforma agraria democrática y radical, en el abandono estatal de muchos territorios y en el problema profundo del narcotráfico y el manejo que se hace de este fenómeno.
Actualmente, Colombia ocupa un lugar subordinado en la cadena productiva de valor a nivel mundial, en el cual nos corresponde la extracción de materias primas y el agronegocio. Buscar la paz como pacificación de los territorios para favorecer estos negocios legales o ilegales, naturalmente se va a encontrar con la resistencia de las comunidades y también con el problema de los grupos armados que se disputan el control territorial. Pensar que luego de lo ocurrido con las FARC otros grupos vayan a ir a una rendición similar, no tiene sentido.
El fracaso de la estrategia guerrillera ha dado paso a nuevas formas del conflicto en las cuales lo que prima es el control territorial y el ejercicio del poder local; donde hay varios grupos armados en disputa por alcanzar ese poder, que no tienen como estrategia desafiar y enfrentar al Estado y al capital, ni siquiera enfrentar al régimen político, instalado hace décadas, dominado por el poder de terratenientes, ganaderos, narcotraficantes y empresarios, origen de la resistencia guerrillera campesina. O en el caso de los paramilitares que son parte del propio régimen político, como institución ilegal, creada en los gobiernos conservadores y uribistas.
En ese contexto, el campesinado sobrevive de cultivos de hoja de coca, minería legal e ilegal, e incluso de enlistarse en grupos armados. Los grupos armados controlan el negocio y los corredores estratégicos para su comercio, pero también reemplazan funciones administrativas del Estado. Es decir, existe una relación sistémica entre las comunidades y esos grupos; la gente vive del mismo negocio al tiempo que sufren del dictado de esos grupos, de la extorsión y en algunas ocasiones el reclutamiento forzado. No se puede solo llegar desde Bogotá y pretender desconocer estas realidades.
No al estado de “conmoción interior”, Petro ha elegido el camino equivocado
Petro va a los bandazos. Así como prometió la paz en tres meses con todos los grupos en armas, y pensó que, con la buena voluntad del gobierno, sin cambios estructurales y de la mano del poder burgués, se podía hacer la paz. Ahora, cuando su estrategia demuestra sus límites y la realidad le estalla en la cara, opta por responder como cualquier presidente de cualquier estado burgués: recurriendo a medidas de excepción y básicamente al ejército y a la toma militar del territorio. Craso error a nuestro parecer. No se trata de si los grupos armados por sus crímenes merecen o no ser combatidos, o de si los soldados llevan a la vez que municiones, kits de ayuda para los desplazados. La cuestión es que esta medida es tan inútil a largo plazo, como contraproducente.
La presencia del Estado, exigida en zonas olvidadas como el Catatumbo, no se refiere a la presencia militar, sino a medidas que busquen el bienestar de las comunidades.
Al militarizar el Catatumbo, es posible que por vía de la superioridad numérica los grupos armados se replieguen, pero será por un tiempo, porque ninguna de las contradicciones estructurales se resolverá.
Además de no resolver realmente el problema, Petro lo que hace es continuar legitimando el Estado burgués y su ejército; lavarles la cara a las mismas fuerzas armadas responsables de 6402 falsos positivos y de los crímenes de la escombrera: las cuchas tenían razón, no se puede confiar en el ejército. Hoy Petro puede ser el comandante en jefe, mañana no lo sabemos. Llamar a las comunidades a confiar en el Estado y las fuerzas militares es y siempre será un grave error.
Para las comunidades, ocupar con el ejército, aunque sea un grupo legal, se trata de sumar otro grupo armado sobre el terreno, grupo que además tiene un historial criminal; es básicamente echarle más leña al fuego.
Tampoco ayuda en nada la narrativa de que el ELN, disidencias y paramilitares son lo mismo, “narcoterroristas”, narrativa a la mejor usanza de cualquier gobierno de derecha. Es necesario tomar cada organización con seriedad y retomar cuanto antes el camino de la salida política al conflicto.
La estrategia inicial fracasó. Petro, en su lugar toma el camino guerrerista, ahora aplaudido por quienes por años han pedido la paz. Debe aprender de los errores para insistir más que nunca en la solución negociada.
En lo inmediato es preciso proteger a los líderes sociales y a la población. Y destinar el presupuesto y personal necesario para atender la emergencia humanitaria que se ha desatado. Igualmente, llamar a todos los grupos al cese al fuego y buscar la vía para reanudar las negociaciones.
Llamado a las organizaciones insurgentes
Queremos hacer un llamado fraterno y directo a las organizaciones que se consideran insurgentes o beligerantes. Abandonen de inmediato los métodos ajenos a la lucha obrera y campesina, se deben respetar las mínimas normas de la guerra, lo que implica que se respete la vida de los pobladores inermes y las personas desarmadas, y a que cesen las acciones armadas dentro de los caseríos o veredas. No basta con afirmar que estas personas se han rearmado o pertenecen a un grupo armado contrario, el costo político y humano de tales acciones es inaceptable.
Ya que ustedes se reclaman organizaciones revolucionarias y a favor del pueblo, deben reconocer el fracaso de elevar la táctica guerrillera a estrategia; deben renunciar a ella. La derrota de la lucha guerrillera y su aislamiento de la lucha de masas es evidente, incluso para ustedes. No les proponemos una rendición ni menos la entrega del armamento al poder burgués. Les proponemos continuar la lucha política con paciencia, del lado de las comunidades, los trabajadores y el pueblo, y disponer de las armas únicamente para su legítima defensa.
Su salida es negociar un armisticio, paz sin entrega de armas, que las necesitan para defenderse y que no sean masacrados, como ha sucedido con las FARC, y hacer política sin ellas. También dejar los negocios que distorsionan la moral revolucionaria, como el narcotráfico, que los van a terminar degradando cada vez más.
Hay que permitir que las comunidades tengan derecho a definir sus destinos democráticamente, discutiendo y organizándose en asambleas; hay que confiar en el poder popular y de base.
Legalización de los cultivos y reforma agraria democrática y radical
Para acabar con el narcotráfico y todas las consecuencias criminales de ese negocio, no es como ya se ha intentado hacer, aumentando su rentabilidad con la prohibición, y permitiendo que el imperialismo lo utilice como pretexto para intervenir política y militarmente; hay que legalizarlo para eliminar la alta tasa de ganancia que surge de su ilegalidad y desarrollar campañas para evitar el consumo de drogas que atentan contra la salud.
Presencia del Estado con servicios de salud, educación, producción y servicios públicos, tierra para los campesinos y territorios para los pueblos indígenas.
Igualmente, será necesario comprometerse a fondo con una reforma agraria democrática y radical que expropie a los expropiadores de los campesinos, e indígenas.
Expulsión de las multinacionales del territorio y nacionalización de los recursos naturales bajo el control obrero y de las comunidades.
Protección inmediata de los liderazgos sociales, asambleas de base de las comunidades para definir como continuar y avanzar en el camino hacia una verdadera paz.
Para lograr estas medidas proponemos una gran movilización encabezada por el pueblo catatumbero, que de manera independiente exija a todos los grupos el cese al fuego y rechace el estado de conmoción interior de Petro, además de exigir cambios y transformaciones de fondo para la región.
Comité Ejecutivo- Partido Socialista de los Trabajadores
24 de enero de 2025