Los efectos de la pandemia del Coronavirus COVID−19 ha puesto en evidencia las contradicciones del sistema capitalista y la desigualdad que genera el sistema en todos los estadios de la sociedad. 

Por PT-Costa Rica

Desgraciadamente la Universidad de Costa Rica no se aparta de esa situación, y los efectos de las medidas que ha impulsado la Rectoría generan graves desigualdades entre las personas que componemos la comunidad universitaria.

Esa situación se agrava con los ataques que el presupuesto universitario ha recibido por parte del gobierno, que en la práctica tiene a la Universidad funcionando con un presupuesto igual al de hace 5 años, lo que se refleja en las medidas ambiguas que toma la Administración y que por ejemplo tenga a todo el sector de trabajadores y estudiantes vinculados a la venta de servicios con una presión inmensa para continuar con las labores pese al llamado a la cuarentena.

También la administración busca que las personas con contratos de interinazgo deban continuar trabajando pese a la crisis, ya que se busca que no se deban extender contratos a los periodos que habitualmente la universidad no paga salarios.

Por otro lado, el SINDEU vive una de las crisis más profundas de su historia, teniendo muchos problemas para garantizar su propia existencia, mientras queda con una capacidad reducida para ponerse al frente de garantizar la lucha por los intereses de amplios sectores de trabajadores que continúan en labores pese a la crisis.

Ante esa situación las personas militantes del Partido de los Trabajadores que trabajamos o estudiamos dentro de la Universidad de Costa Rica, exigimos a la Rectoría el cierre inmediato de la universidad, tomando las siguientes medidas:

Para la comunidad estudiantil:

  1. Pago de todos los montos de beca completos sin rebajos durante el tiempo que dure la crisis.
  2. Pago completo de todas las horas asistente que estaban asignadas a estudiantes sin reposición.
  3. Dotación de un monto de beca extraordinario para quienes fueron expulsados de las residencias estudiantiles y necesitan pagar un lugar con enceres que le garanticen las necesidades básicas durante el cierre de las instalaciones.
  4. Suspensión de pago de montos de matrícula.
  5. Suspensión de los cursos virtuales durante el cierre de la institución, debido a que un sector de la población estudiantil no cuenta con los recursos tecnológicos para llevarlos.

Para las personas trabajadoras:

  1. Nombramiento inmediato de todas y todos los profesores interinos por todo el año para garantizar la estabilidad y posibilidad de programar los cursos a largo plazo.
  2. Suspender cualquier evaluación de desempeño al no existir criterios válidos sobre el trabajo de las personas durante este periodo.
  3. Pago de todos los salarios de las personas que tienen tiempos en proyectos de acción social y de los fondos destinados a programas de investigación.
  4. Acceso a préstamos especiales en la Junta de Ahorro y Crédito a quienes tienen situaciones especiales producto de la crisis que vive el país.

Sobre la situación de las personas que realizan labores tercerizadas:

Suspensión de todos los trabajos tercerizados en la Universidad, entre ellos la empresa de limpieza SELIME, con el pago respectivo completo de todos los salarios por el tiempo que dure el cierre de la institución, lo que debe incluir a las personas trabajadoras tercerizados de limpieza y seguridad, así como el personal de todas las sodas y comedores, además de profesionales contratos por servicios profesionales en diferentes unidades de la institución.

Además, que se inicie de inmediato un proceso de contratación de todo el personal tercerizado para que puedan tener la protección y las garantías de la Convención Colectiva firmada con el SINDEU y demás normas relacionas al personal de la UCR.

Asimismo, consideramos que para poder financiar este plan, el Estado debe garantizar un presupuesto extraordinario para todo el sistema de educación pública, para lo cual es urgente que se detengan los pagos de la deuda pública, que absorbe casi el 40% del presupuesto nacional y ahoga las finanzas públicas para poder enfrentar de la mejor forma los efectos de la pandemia en todos los niveles de la sociedad.