Se cumplió un año [en diciembre pasado] de la aprobación de la Reforma Fiscal en la Asamblea, proyecto que significó un aumento general en lo que paga la clase trabajadora con la creación del IVA y su aplicación en diversos bienes y servicios (combustibles, luz, agua, canasta básica, etc.).

Por Jhon Vega

A su vez, trajo el favorecimiento a grandes empresas con la llamada amnistía tributaria, la cual perdonaba multas e intereses por deudas en impuestos; un duro ataque a los salarios de todos los empleados públicos que han visto empeorados sus ingresos. También implicó la aplicación de Regla Fiscal para reducir el presupuesto público con la consecuente afectación en áreas como educación, vivienda, cultura e inversión social.

La aprobación de la Reforma Fiscal no estuvo exenta de oposición de algunas organizaciones sindicales del sector público, quienes por tres meses protagonizaron una huelga que finalmente fue derrotada y no logró el objetivo de impedir la aprobación del proyecto. Pasado solo un año se confirma que esa huelga era justa y necesaria, que con la reforma vivimos cada vez peor y que son cada día más los que padecen los ataques del gobierno para cobrarle la crisis fiscal a los sectores populares.

Echar abajo la Reforma Fiscal sigue siendo una necesidad

Cada noticia que sale confirma que los trabajadores necesitamos echar abajo esa reforma, que si bien ya es ley de la república con la movilización popular se podría echar abajo como ya ha ocurrido en otros países como Chile donde, se derogaron alzas en los pasajes, o en Ecuador, donde se impidió el alza en los combustibles producto de las movilizaciones populares.

Recientemente se decretó un incremento en la gasolina por la aplicación del IVA al transporte de la misma, las empresas de energía están aplicando aumentos en la electricidad, los universitarios salieron a luchar contra un duro condicionamiento de 35 mil millones en el Fondo para la Educación Superior FEES; estas y otras luchas tienen como telón de fondo la Reforma Fiscal que conforme pasan los meses muestra cada vez más su carácter perverso.

En un país donde las familias necesitan en promedio de 575 mil colones para hacer frente a los gastos básicos como transporte, alimentación, servicios, vivienda, entre otros (según la última Encuesta de Ingreso y Gastos del INEC),  pero donde la mayoría de los trabajadores recibe menos de esos 500 mil de salario, con un desempleo oficial del 11,4 % (278 mil personas, según la última Encuesta Empleo del INEC), es entendible por qué “la plata no alcanza” y por qué sentimos que la situación se vuelva cada vez más difícil para los trabajadores.

La lucha de hace un año fue correcta pero insuficiente, la inmensa mayoría de los trabajadores vio de largo la pelea y ahora es necesaria la unidad de todo el pueblo para echar abajo esa reforma, la cual no hace más que empeorar nuestra situación.

¡Ninguna confianza en la democracia de los ricos!

La Reforma Fiscal confirmó lo que ya sabíamos de tiempo atrás: la llamada democracia costarricense no es más que la forma que utilizan los ricos para salvar su interés y cobrarnos la crisis a los trabadores. La Sala Constitucional avaló el plan fiscal y dio vía libre para votarlo sin contar siquiera con 38 votos (mayoría calificada) en la Asamblea. Igual postura asumió en relación a la Ley Antihuelgas para permitir que se vote en segundo debate o a otros proyectos de gran interés para la clase empresarial, como lo fue el TLC o la reelección de Óscar Arias.

Lamentablemente hace un año las dirigencias sindicales estaban confiadas en que la Sala iba a frenar la reforma; hoy también esperan que de alguna forma esa instancia evite la votación de la Ley Antihuelgas. Esa confianza en las leyes y las autoridades desmoviliza la lucha y nos pone a los trabajadores a merced de nuevas derrotas, la única forma de enfrentar la democracia de los ricos es con la democracia de las calles, saliendo a luchar como lo hacen nuestros hermanos en Chile o Ecuador.

Las dirigencias sindicales, el Frente Amplio en el gobierno y los partidos religiosos son un obstáculo para la lucha

Hoy hay condiciones en el país para que el pueblo se movilice con métodos radicales de bloqueos y paralizaciones en todo el territorio nacional. Ya el año pasado, durante los primeros meses de la huelga contra la Reforma Fiscal, se experimentaron algunas expresiones radicales como el cierre de los planteles de Recope. Este año los estudiantes de secundaria también salieron a bloquear hasta tumbar al Ministro de Educación, pero los dirigentes sindicales se niegan a salir a huelga y cuando llaman a huelga lo hacen para que la gente se concentre en un parque o frente a la Asamblea, sabiendo que así no se van a frenar los ataques.

En la actual coyuntura con la Ley Antihuelgas, los perversos efectos de la Reforma Fiscal y duros recortes al presupuesto, las dirigencias sindicales deberían estar al frente de la más importante lucha que se haya protagonizado en el país en lo que va del siglo XXI. Contrario a eso, se esfuerzan por desmoralizar sus bases de trabajadores, combinando la confianza en las leyes de los ricos con una sensación de desesperanza que imponen para que la gente no quiera salir a pelear.

El Frente Amplio, desde la Asamblea y con la presencia de Patricia Mora en el Poder Ejecutivo hacen lo propio; por un lado, nos hacen creer que con “esfuerzos” y negociación en el parlamento nuestra situación como trabajadores puede mejorar. Una y otra vez se votan proyectos nefastos en esa cueva de bandidos que es la Asamblea, y así seguirá siendo hasta que la movilización popular no se fortalezca y logre rebasar a los diputados para imponer los intereses generales del pueblo trabajador. La mayor parte del PUSC que integraba el gabinete se fue del Ejecutivo (Rocío Aguilar, Edna Camacho, Rodolfo Piza) pero Patricia Mora sigue fiel a Carlos Alvarado sin importar que quienes más sufren con los ataques del gobierno sean las mismas mujeres trabajadoras. Su presencia en el INAMU intenta darle una cara progresista al gobierno y crea falsas esperanzas de que desde un puesto en el Ejecutivo se puede cambiar la situación de las mujeres en el capitalismo.

Por su parte, partidos apoyados en sentimientos religiosos como Nueva República de Fabricio Alvarado o Restauración Nacional siguen abogando por dividir a la clase trabajadora. Llaman a una “marcha por la vida” para oponerse a que las mujeres puedan interrumpir un embarazo si así lo quieren cuando hay amenazas para su vida (aborto impune), hacen de la lucha contra los derechos de las mujeres y la población LGBTI su bandera mientras en la Asamblea son corresponsables de los duros ataques contra los trabajadores.

Tenemos que “contagiarnos” de la insurrección chilena

Desde el PT hemos dicho que, en última instancia, estos partidos, junto a las instituciones de la democracia de los ricos, defienden los intereses de los grandes empresarios y afianzan el capitalismo que nos roba y hunde en la miseria todos los días.

Por eso necesitamos fortalecer una opción de los trabajadores, una verdadera alternativa que luche contra el saqueo capitalista y garantice las necesidades de la clase trabajadora. Pero eso no lo conseguimos votando, para eso hace falta salir a luchar con todas nuestras fuerzas hasta vencer.

El gobierno de Alvarado ya ha roto el récord de movilizaciones con 871 protestas el año pasado, pero esas protestas aisladas no van a lograr frenar los ataques. La insurrección chilena debe contagiarnos para salir a luchar hasta que se vayan todos, echemos abajo las leyes que nos roban y construyamos un gobierno de los trabajadores.