Chile | La Convención Constitucional… ¿Podrá solucionar los problemas de los trabajadores?

En las últimas semanas varias marchas y huelgas de trabajadores se dirigieron a la Convención Constitucional, que está sesionando en el ex Congreso, en el centro de Santiago. Huelgas de trabajadores de la salud, subcontratistas de Aguas Andinas y Enel, obreros, protestas de familiares de los presos políticos, etc.

Por MIT-Chile

Esas manifestaciones se dirigen a la Convención porque existen expectativas y confianza de los trabajadores en ella y en muchos constituyentes, principalmente los independientes, como nuevas autoridades; a pesar de los intentos de la derecha para deslegitimar la Convención, diciendo que los constituyentes no quieren trabajar, que están discutiendo temas que no tienen que ver con la Constitución (como el tema de los presos políticos). Esto es así porque la Convención Constitucional es una conquista de la revolución que se inició el 18 de octubre. Sin embargo, es una conquista defectuosa.

El principal problema que tiene la Convención es que no tiene el poder en sus manos. En primer lugar, la Convención no podrá escribir libremente la Constitución. Como ya dijimos en muchos artículos, Ley 21.200 (Acuerdo por la Paz) que le dio origen, somete a esta Convención a la Constitución y a las instituciones actuales. Así, no puede cambiar los Tratados de Libre Comercio ni decidir sobre su propio funcionamiento, siendo obligada a acatar las reglas impuestas por ese Acuerdo, lo que da mucho más poder a los sectores minoritarios, que representan el gran empresariado (derecha, Partido Socialista y otros). En segundo lugar, la Convención no tiene la autoridad para tomar decisiones que vayan más allá de escribir la Nueva Constitución. Esos dos problemas tiene dos importantes consecuencias.

La primera consecuencia es que la Convención, si acepta los límites fijados por ese acuerdo, no podrá solucionar ningún problema inmediato de los trabajadores. No podrá mejorar los sueldos y pensiones, no podrá liberar a los presos, no podrá hacer juicio y castigo a los que reprimieron el pueblo, no podrá desmilitarizar el territorio mapuche.

La segunda consecuencia es que la Convención se limitará a escribir una Constitución con algunos derechos en el papel, pero no será ella la que garantizará que esos derechos sean cumplidos. Será el futuro poder ejecutivo, el futuro Parlamento y la futura Justicia. Para que entendamos mejor las consecuencias de esto, veamos un ejemplo.

La Convención puede escribir en la Nueva Constitución que el agua dejará de ser privada y será un bien común de uso público, privilegiando el consumo humano y no la producción en gran escala de las empresas. Aunque eso sea aprobado en la Constitución, no será inmediatamente implementado. O sea, regiones que sufren con falta de agua como la región de Petorca, seguirán sin agua. Supongamos que en el Plebiscito de salida (que se realizará en un año más), se apruebe la Nueva Constitución. Después, el próximo Parlamento (que será electo ahora, con las reglas de la actual Constitución, que no permiten listas de independientes) tendrá que escribir las Leyes a partir de la Nueva Constitución. Nuevamente se iniciará otra pelea, porque los partidos empresariales van a buscar todas las maniobras para que las grandes empresas no sean afectadas. En esa pelea pueden pasar años más. Y si se decide, por ejemplo, que una gran empresa minera no podrá seguir utilizando el agua que pertenece a las comunidades, esa empresa podrá querellarse contra el Estado chileno en tribunales internacionales debido a la protección de sus inversiones por los Tratados de Libre Comercio. Lo que ha pasado en muchos países es que, al final, las Constituciones se transforman en letra muerta, ya que el gran empresariado sigue controlando el poder económico y consecuentemente el poder político, judicial, las Fuerzas Armadas, etc.

Ninguna de las fuerzas políticas actuales en la Convención propone un camino distinto. El primer acuerdo que tienen todos los Constituyentes, excepto nuestra compañera María Rivera, es que la única tarea de la Convención debe ser escribir la Constitución y que ésta no puede plantearse otras tareas que la hagan chocar con otros poderes del Estado.

Pero uno podría preguntarse: ¿existe otro camino posible? Nosotros creemos que sí.

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La soberanía de la Convención

Volvamos al ejemplo del agua. En el caso que la Convención apruebe que el agua es un bien común de uso público, debería aprobar una medida inmediata y de carácter urgente para devolver el agua a las comunidades que tienen problemas de abastecimiento, como la región de Petorca. Esa medida debería obligar a los demás poderes del Estado a cumplirla. De no ser así, la Convención debería convocar una amplia movilización popular para respaldar su decisión y estimular a las comunidades a recuperar el agua con sus propias manos, a través de su organización territorial. De la misma forma se podría hacer con todos los temas inmediatos y urgentes de la clase trabajadora. Por ejemplo, si se vota acabar con las AFPs, ¿cuánto tiempo más debemos esperar para que ellas entreguen todo el dinero? Si se vota devolver las tierras al pueblo mapuche, ¿cuánto tiempo más pasará hasta que las tierras sean devueltas?

En nuestra opinión, la Convención Constitucional debería tener el poder y gobernar de forma provisional mientras vaya cambiando las leyes constitucionales. La Convención Constitucional tiene más legitimidad que el Parlamento actual y el Poder Ejecutivo. Si Piñera, después de tantos crímenes, puede seguir gobernando, ¿por qué la Convención Constitucional no podría? Si el Parlamento, lleno de corruptos, puede seguir aprobando leyes, ¿por qué la Convención no podría?

Que la Convención tenga el poder y se apoye en la movilización popular es la única forma de que ésta empiece a solucionar los problemas de los trabajadores, la juventud y los pueblos originarios.

El Frente Amplio, que hoy dirige la Convención junto con el Partido Socialista y algunos independientes, no quiere eso, ya que no quiere enfrentarse al empresariado. Por eso negocian permanentemente con la derecha y en muchas votaciones terminan votando juntos. Ellos quieren respetar la institucionalidad podrida que existe hoy. Por otro lado, el PC y muchos independientes, que se enfrentan al FA dentro de la Convención, todavía no ven que su principal aliado está en las calles y no dentro de la Convención. En el caso del PC, sabemos que eso es consciente, ya que este partido ha demostrado en las últimas décadas que solo utiliza las movilizaciones sociales para terminar negociando con los partidos del régimen. El PC no tiene como su proyecto enfrentarse hasta el final con el empresariado. En el caso de los independientes, creemos que muchos tienen verdaderas intenciones de cambio y dan una honesta pelea dentro de la Convención, pero al ver sus propuestas derrotadas se sienten impotentes. La única salida es apoyarse en la calle, en el movimiento social, en la organización de la clase obrera y el pueblo.

Entonces, ¿qué hacemos?

En primer lugar, informar a la clase trabajadora y a la juventud. Muchos no conocen lo que planteamos aquí, ni las limitaciones que tiene la actual Convención Constitucional. Es fundamental que llevemos esta información a los trabajadores a través de las redes sociales, volantes, boletines, reuniones, etc.

También debemos discutir qué país queremos. Los programas defendidos por los grupos mayoritarios en la Convención y también por candidatos presidenciales supuestamente de izquierda como Boric, no van a solucionar los problemas de los trabajadores. Eso porque sus propuestas no tocan lo fundamental: el dominio de las transnacionales y las familias multimillonarias de Chile sobre la economía del país. Y si no cambiamos esto, no vamos a tener salud, empleo, ni la educación que exigimos. Discutiremos mejor ese programa en las páginas centrales de este periódico.

En segundo lugar, debemos organizar a los trabajadores donde sea posible: en los territorios, empresas, la juventud en los colegios, barrios, etc. Esa organización debe ser en torno a un plan de lucha. Debemos preparar grandes movilizaciones para los momentos decisivos de la Convención, por ejemplo, cuando se discutan las pensiones, la propiedad de los recursos naturales, los derechos laborales, los derechos de las mujeres. Esas grandes movilizaciones deben mantener como consignas centrales la liberación de los presos, el juicio y castigo a Piñera y la reparación para los afectados por la represión estatal.

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Si la Convención no asume el poder y no se apoya en el pueblo movilizado, no podrá solucionar los problemas de las y los trabajadores, los pueblos originarios y la juventud. En ese camino de lucha y organización, el pueblo debe desarrollar sus propios organismos democráticos, como las asambleas territoriales, recuperar las federaciones y sindicatos en manos de la burocracia sindical, conectar la clase obrera con el mundo popular, establecer lazos más profundos entre el pueblo chileno y mapuche. Y debemos tener claro que para conquistar nuestras demandas tendremos que enfrentar al empresariado. Por eso será fundamental que el pueblo organice también su autodefensa, tal como se organizó la Primera Línea en las grandes manifestaciones. Esos deben ser los primeros pasos en la organización de un verdadero gobierno de la clase trabajadora, el único que podrá transformar los derechos de la Nueva Constitución en realidad.