Carta abierta de Mahmoud Khalil
Introducción: El 8 de marzo, el activista de solidaridad con Palestina Mahmoud Khalil, recién graduado de la Universidad de Columbia, fue arrestado por agentes del ICE por sus presuntas opiniones y actividades políticas. A pesar de ser residente legal de Estados Unidos y estar casado con una ciudadana estadounidense, se le amenaza con la deportación. En una audiencia celebrada el 28 de marzo, un juez de Luisiana denegó la libertad bajo fianza de Khalil.
Otro juez dictaminó anteriormente que el caso de Khalil debía verse en Nueva Jersey, pero el Departamento de Justicia busca trasladarlo a Luisiana, donde se encuentra detenido y donde tiene jurisdicción el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, de corte más conservador. Se han producido protestas en todo el país exigiendo la liberación de Khalil.
Khalil es uno de varios académicos nacidos en el extranjero que han sido detenidos como parte de la creciente ola de represión política implementada por la administración Trump. Trump se ha comprometido a deportar a los estudiantes que participen en lo que él califica falsamente de «actividad proterrorista, antisemita y antiestadounidense». El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró recientemente que la administración Trump ha revocado las visas de al menos 300 personas.
Entre las víctimas se encuentra Rumeysa Ozturk, estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, quien el 25 de marzo fue secuestrada por policías enmascarados al salir de su casa y enviada a un centro de detención en Luisiana. Su único activismo conocido fue haber firmado un artículo de opinión en el periódico del campus que solicitaba a la administración universitaria que atendiera las demandas estudiantiles de cortar lazos con Israel. Rasha Alawieh, especialista en riñones del Líbano que estaba a punto de comenzar a trabajar como profesora adjunta en la Universidad de Brown, fue deportada a principios de este mes acusada de apoyar a un líder de Hezbolá. Y Alireza Doroudi, estudiante de doctorado iraní de ingeniería en la Universidad de Alabama, ha sido detenida por el ICE por cargos aún sin esclarecer.
La “Carta abierta” a continuación fue publicada en The Jacobin:
Me llamo Mahmoud Khalil y soy preso político. Les escribo desde un centro de detención en Luisiana, donde me desperté con mañanas frías y pasé largos días presenciando las injusticias silenciosas que se cometen contra muchísimas personas privadas de la protección de la ley.
¿Quién tiene derecho a tener derechos? Ciertamente no son las personas hacinadas en las celdas. No es el senegalés que conocí, que lleva un año privado de libertad, con su situación legal en el limbo y su familia a un océano de distancia. No es el detenido de veintiún años que conocí, que llegó a este país a los nueve años, solo para ser deportado sin siquiera una audiencia.
La justicia escapa a los contornos de las instalaciones de inmigración de esta nación.
El 8 de marzo, me llevaron agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes se negaron a proporcionar una orden judicial y nos abordaron a mi esposa y a mí cuando regresábamos de cenar. Ya se han hecho públicas las imágenes de esa noche. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, los agentes me esposaron y me obligaron a subir a un coche sin distintivos. En ese momento, mi única preocupación era la seguridad de Noor [Noor Abdalla es la esposa de Khalil]. No tenía ni idea de si a ella también se la llevarían, ya que los agentes habían amenazado con arrestarla por no separarse de mi lado. El DHS no me dijo nada durante horas; desconocía la causa de mi arresto ni si me enfrentaba a una deportación inmediata. En el número 26 de Federal Plaza [en la ciudad de Nueva York], dormí en el suelo frío. A primera hora de la mañana, los agentes me trasladaron a otra instalación en Elizabeth, Nueva Jersey. Allí, dormí en el suelo y me negaron una manta a pesar de mi solicitud.
Mi arresto fue consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión al defender una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza, que se reanudó con fuerza el lunes por la noche. Con el alto el fuego de enero ya roto, los padres en Gaza vuelven a acunar sudarios demasiado pequeños, y las familias se ven obligadas a sopesar el hambre y el desplazamiento frente a las bombas. Es nuestro imperativo moral persistir en la lucha por su completa libertad.
Nací en un campo de refugiados palestino en Siria, en el seno de una familia desplazada de su tierra desde la Nakba de 1948. Pasé mi juventud cerca, pero lejos, de mi tierra natal. Pero ser palestino es una experiencia que trasciende fronteras. Veo en mis circunstancias similitudes con el uso que hace Israel de la detención administrativa —encarcelamiento sin juicio ni acusación— para despojar a los palestinos de sus derechos. Pienso en nuestro amigo Omar Khatib, quien fue encarcelado sin cargos ni juicio por Israel al regresar a casa de un viaje. Pienso en el director del hospital de Gaza y pediatra, Dr. Hussam Abu Safiya, quien fue capturado por el ejército israelí el 27 de diciembre y hoy permanece en un campo de tortura israelí. Para los palestinos, el encarcelamiento sin el debido proceso es algo habitual.
La administración Trump me tiene en la mira como parte de una estrategia más amplia para reprimir la disidencia. Tanto los titulares de visas como los de tarjetas de residencia permanente y los ciudadanos estadounidenses serán perseguidos por sus ideas políticas.
Siempre he creído que mi deber no es solo liberarme del opresor, sino también liberar a mis opresores de su odio y miedo. Mi injusta detención es un reflejo del racismo antipalestino que las administraciones de Biden y Trump han demostrado durante los últimos dieciséis meses, mientras Estados Unidos ha seguido suministrando armas a Israel para matar palestinos e impidiendo la intervención internacional. Durante décadas, el racismo antipalestino ha impulsado los esfuerzos para expandir las leyes y prácticas estadounidenses que se utilizan para reprimir violentamente a palestinos, árabes estadounidenses y otras comunidades. Precisamente por eso me están atacando.
Mientras espero decisiones legales que ponen en juego el futuro de mi esposa e hijo, quienes permitieron que me atacaran permanecen cómodamente en la Universidad de Columbia. Los presidentes [Minouche] Shafik, [Katrina] Armstrong y la decana [Keren] Yarhi-Milo sentaron las bases para que el gobierno estadounidense me atacara al disciplinar arbitrariamente a estudiantes pro-palestinos y permitir que las campañas virales de doxing, basadas en el racismo y la desinformación, siguieran sin control.
Columbia me persiguió por mi activismo, creando una nueva oficina disciplinaria autoritaria para eludir el debido proceso y silenciar a los estudiantes que criticaban a Israel. Columbia cedió a la presión federal al revelar los expedientes estudiantiles al Congreso y cediendo a las últimas amenazas de la administración Trump. Mi arresto, la expulsión o suspensión de al menos veintidós estudiantes de Columbia —algunos despojados de sus títulos de licenciatura apenas unas semanas antes de graduarse— y la expulsión del presidente de SWC (Trabajadores Estudiantiles de Columbia), Grant Miner, en vísperas de las negociaciones del contrato, son claros ejemplos.
En todo caso, mi detención es un testimonio de la fuerza del movimiento estudiantil para cambiar la opinión pública hacia la liberación de Palestina. Los estudiantes han estado durante mucho tiempo a la vanguardia del cambio: liderando la lucha contra la guerra de Vietnam, estando en primera línea del movimiento por los derechos civiles e impulsando la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Hoy también, aunque el público aún no lo comprenda plenamente, son los estudiantes quienes nos guían hacia la verdad y la justicia.
La administración Trump me tiene en la mira como parte de una estrategia más amplia para reprimir la disidencia. Tanto los titulares de visas como los de tarjetas de residencia permanente y los ciudadanos serán objeto de persecución por sus ideas políticas. En las próximas semanas, estudiantes, defensores y funcionarios electos deben unirse para defender el derecho a protestar por Palestina. No solo están en juego nuestras voces, sino las libertades civiles fundamentales de todos.
Sabiendo plenamente que este momento trasciende mis circunstancias individuales, espero, no obstante, ser libre para presenciar el nacimiento de mi primogénito.
