Los gobiernos estaduales y municipales retroceden con los aumentos del transporte
 

El proceso de movilizaciones contra el aumento del pasaje de transporte público (trenes, metro y ómnibus) que estalló hace varios días y se extendió por todo el país (San Pablo, Río de Janeiro, muchas capitales y ciudades importantes del interior) acaba de obtener un primer e importante triunfo: los gobiernos estaduales ymunicipales han dado marcha atrás y anularon los aumentos recientes. Habiendo participado activamente de este proceso de movilización (en el que cientos de miles de personas salieron a las calles), el PSTU y la LIT-CI festejan este primer triunfo con inmensa alegría.
No ha sido el único triunfo. En un hecho inédito en los últimos años, el Congreso brasileño va a tener sesiones extraordinarias durante el receso invernal para tratar un temario propuesto en un “encendido discurso” por su presidente Renán Calheiros (del PMDB, partido de derecha aliado del PT en el gobierno). Como primer paso de esta pauta se rechazó, por amplísima mayoría, la PEC 37[1] propuesta por el propio gobierno, uno de los reclamos más fuertes de las movilizaciones. También va a ser tratado en estas sesiones el pase libre para los estudiantes.Una muestra del miedo que el sistema político burgués brasileño tiene frente a la fuerza de las manifestaciones y la política de dar concesiones para tratar de frenarlo. 
 
Las movilizaciones comenzaron y crecieron de modo aparentemente imprevisto en un país que parecía “tranquilo” y, en cierta forma, por fuera del proceso de movilizaciones y luchas mundiales. Lo que hemos visto fue un gran proceso de movilización, hasta ahora esencialmente juvenil y popular. Es una nueva generación que se incorpora a la lucha y comienza a escribir su parte de la historia. Las encuestas indicaban que más de un 75% de los manifestantes lo hacían por primera vez. Y el 94% de ellos no pertenecían a ningún partido político. Ahora las movilizaciones comienzan a extenderse a los barrios más pobres y periféricos de las grandes ciudades.
 
Evidentemente, algo ha cambiado en Brasil, después de casi dos décadas de “tranquilidad”. No sólo por la masividad de las movilizaciones sino porque éstas derrotaron y obligaron a la “sagrada entente” entre los gobiernos, los partidos y la prensa burgueses a retroceder. Cuál es la profundidad de este cambio y cuál será su impacto en el futuro es algo que se verá más claramente en los próximos meses. Especialmente el interrogante sobre si la clase trabajadora organizada va a entrar o no de lleno en el proceso.
 
Pero es evidente que nada será igual que antes en el país. Frente a las movilizaciones, el sistema político quedó prácticamente paralizado. El mayor desgaste y costo político fueron sufridos por los gobernadores, como el paulista Geraldo Alckmin del PSDB (oposición de derecha a nivel nacional) y los alcaldes, como Fernando Haddad  (PT – Partido de los Trabajadores) en la ciudad de São Paulo, que aplicaron el aumento y ordenaron la represión. Pero también hay un desgaste del gobierno federal de la presidente Dilma Rousseff del PT (silbada al inaugurar la Copa de las Confederaciones) que, hasta ahora, al igual que su antecesor Lula, parecía “blindada” frente a los efectos de la crisis económica, la inflación o los permanentes escándalos de corrupción. Ese “blindaje” hoy presenta sus primeros “agujeros”. Comienzan también a aparecer claros síntomas de división en la burguesía sobre cómo enfrentar el ascenso, aunque todos los sectores burgueses, como hemos visto, parten de aceptar dar concesiones en lo inmediato.  
 
De la criminalización de la protesta al retroceso y los llamados a “la paz”
 
Inicialmente, los diferentes gobiernos y la prensa burguesa tuvieron la política de atacar el movimiento para justificar una durísima represión policial. Llamaron “vándalos” a los manifestantes y pedían “mano dura”, como la poderosa Red Globo o el periódico Estado de São Paulo (publicó un editorial titulado “¡Llegó la hora de decir basta!” a las manifestaciones).

Sin embargo el movimiento se mantenía y se extendía, y era evidente que contaba con el apoyo de la mayoría de la población. Cada vez más gente se movilizaba y decidía enfrentar la represión. La transmisión en vivo de las movilizaciones, y la evidencia de que eran las policías militares (dependientes de los gobiernos estaduales) las que provocaban la violencia, (incluyendo ataques a los periodistas), les jugó en contra y aumentó el apoyo popular y la cantidad de manifestantes. El intento represivo fue derrotado políticamente y debieron cambiar su línea.

Hubo incluso periodistas, como José Luiz Datena, conductor de derecha del popular programa “Brasil Urgente” que pasó de lanzar encuestas contra las manifestaciones a apoyarlas públicamente, cuando ellas mostraron el amplio margen de apoyo popular a los reclamos.

 
Del mismo modo, los gobiernos de los diferentes partidos pasaron de la línea represiva a la confusión, luego al “llamado al diálogo” y, finalmente, a dar marcha atrás con el aumento. El propio gobierno de Dilma cambió desde la declaración de su ministro de Justicia, que el gobierno federal haría todos los esfuerzos para que los gobiernos estaduales controlasen las situaciones (léase envío de fuerzas represivas como hizo en Minas Gerais) hasta decir que “apoyaba las movilizaciones democráticas y escuchaba sus reclamos” (sic).
 
Se viaja caro y mal
 
El detonante de todo el proceso fue el aumento de la tarifa de transporte público en todo el país. En sí mismo, fue pequeño (20 centavos de real  9 centavos de dólar). Pero fue la gota que rebalsó el vaso.
 
El transporte público en Brasil es uno de los más caros del mundo. En San Pablo, sin el último aumento, el precio de un viaje de ómnibus o metro es 1,40 dólar (un  viaje combinado sale US$ 2,11). Esto da un gasto total mensual de cerca de 100 dólares (más del 40% de un salario mínimo y entre un 15 o 20% de los ingresos de quienes cobran entre dos y tres veces ese salario, como la mayoría de los trabajadores del país). Claro, si no hay otra persona que también deba hacer ese gasto. Por otro lado, el precio del pasaje ha venido aumentando muy por arriba de la inflación. Por eso, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), hay 37 millones de personas que no tienen dinero para pagar un pasaje de transporte público y son obligadas a recorrer largas distancia a pie o en bicicleta.
 
Al mismo tiempo, cada vez se viaja peor porque la urbanización y el crecimiento de las grandes ciudades no fueron acompañados de igual inversión en el transporte que diese solución a esa demanda. El transporte público se une a la precariedad y el encarecimiento común de los demás servicios públicos. Trenes y ómnibus superpoblados, atrasos y accidentes frecuentes  forman parte de una dura rutina que se repite dos veces al día.  Está también la extrema lentitud del tráfico en ciudades cada vez más llenas de autos  como resultado del impulso a la producción de automóviles, en detrimento del desarrollo del transporte ferroviario y el metro (más baratos y eficientes).
 
La “tarifa cero” es posible
 
En San Pablo, el metro y los ferrocarriles suburbanos pertenecen al Estado. Los ómnibus están concesionados a empresas privadas y representan una gran fuente de ganancias, muy codiciadas por sectores mancomunados con el poder público.
 
Este negocio lucrativo cuenta, por un lado, con un importante ingreso diario de dinero en efectivo. Los ómnibus transportan un promedio de 42 millones de pasajeros y tienen una recaudación de 180 millones de dólares mensuales (datos de abril del 2013) en pasajes. Además, el municipio va a aportar, en 2013, subsidios por casi US$ 600 millones anuales. Por fuera de este subsidio directo, las empresas cuentan, también, con beneficios anunciados recientemente por el gobierno federal, como exenciones impositivas y de contribuciones sociales.
 
El alcalde Haddad estimó que  la gratuidad del transporte público en la ciudad (la “tarifa cero”) requeriría algo más de 2.700 millones de dólares anuales para financiarse. Cifra que, según los voceros del Movimiento Pase Libre (MPL), coincide con el aumento  de la recaudación estimado por la municipalidad para este año.
 
En 1990, un proyecto del propio PT, presentado por la entonces alcalde Luiza Erundina, establecía la “tarifa cero”. La propuesta proponía simplemente cubrir el costo del transporte a través del aumento progresivo de los impuestos: los más ricos pagarían por la prestación de ese servicio. El proyecto fue archivado en la Cámara Municipal y el PT nunca más habló de eso.
 
Lejos de ser una utopía, la “tarifa cero” es plenamente posible si el transporte fuese tratado como lo que es: un derecho del pueblo (y una obligación del Estado) que no puede estar en manos de unos pocos empresarios. En este sentido, el PSTU defiende la estatización del transporte público y la gratuidad de los pasajes una propuesta que significaría una gran mejora en el nivel de vida de millones de personas.
 
“No es sólo por 20 centavos”
 
El reclamo principal fue la anulación de los aumentos de los pasajes, pero las movilizaciones reflejaron un proceso mucho más profundo: “No es sólo por 20 centavos” decían muchos carteles. Explotó una gran caldera de insatisfacción popular contra la pésima situación de la salud y la educación públicas, o el repudio a la profunda corrupción del sistema político y sus representantes.
 
También se repudiaron los grandes gastos en estadios y para la organización de la Copa Mundial de 2014, que el gobierno del PT y los demás partidos pensaban capitalizar políticamente presentando un “Brasil del primer mundo”, en medio de un festín de corrupción y ganancias de los empresarios amigos del gobierno (como Eike Batista) y hasta la privatización de la administración de esos estadios construidos con dinero publico. Una fastuosidad que chocó contra la realidad de la vida cotidiana de la mayoría de los brasileños. En un país que ama el fútbol, el Mundial fue repudiado, dentro y fuera de los estadios, durante la Copa de las Confederaciones (un ensayo del próximo Mundial) que el humor popular ya rebautizó como “Copa de las Movilizaciones”.
 
Los cuestionamientos de las banderas y los ataques de las bandas de derecha
 
Durante las movilizaciones se expresó un fuerte cuestionamiento de todo un sector a la participación de los partidos de izquierda y otras organizaciones, como los sindicatos, y a la presencia de sus banderas.
 
Por la importancia del tema, es necesario detenerse en él. El “apartidismo” de muchos de los participantes expresa un aspecto muy positivo: la ruptura con los viejos partidos del sistema (los burgueses y los reformistas) responsables por la situación actual. Dentro de esa ruptura, hay un elemento de confusión al identificar al PT en el gobierno con las “banderas rojas” y el conjunto de izquierda, sin distinguir quienes luchan contra el gobierno y quienes son parte de él.
 
Montándose sobre este sentimiento, en las marchas del jueves 20 de junio, grupos organizados de bandas neonazistas atacaron las columnas de la izquierda, en especial las del PSTU, en varias ciudades, con choques que produjeron varios heridos. Estas agresiones no tuvieron nada de espontáneo: fueron impulsadas por personajes como el militar retirado y diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro y diversos medios y sites que llamaban a “defender el carácter no partidario” de las movilizaciones (y a expulsar a las organizaciones de izquierda), y que la bandera de Brasil fuese “la única presente”.
 
Los neonazistas (y lo sectores burgueses que los impulsan) intentaron apoyarse en ese sentimiento “antipartidario” para realizar agresiones claramente organizadas y destinadas a dividir la lucha y a intentar evitar que el PSTU (el partido a la izquierda del PT mejor ubicado en ese sentido) disputase la dirección de este movimiento y del ascenso que está comenzando, y así diera una respuesta “por la positiva” a la crisis de los grandes partidos del sistema. Esto es así porque muchas de los reclamos levantados por la movilización son parte del programa que levanta hace años este partido como el 10% del PBI para la educación o la gratuidad del transporte. Como ejemplo, baste señalar que pocos días antes, el programa de TV gratuito del partido realizó la denuncia de que «hay dinero para la copa y no para salud y educación», que fue un de los reclamos centrales de todo el movimiento.
 
Volviendo a este intento de la extrema derecha, para derrotar a los neonazistas es necesario responder con la mayor unidad en los medios y en la calle, no sólo de las organizaciones de izquierda sino también de todos los luchadores honestos del proceso, aunque sean “apartidarios”. En ese sentido, las declaraciones de varios voceros del MPL (Movimiento Pase Libre) reivindicando la participación de las organizaciones de izquierda y del PSTU en especial son muy positivas.
 
Derecho y obligación de estar presentes
 
Pero además de eso es necesario avanzar en el diálogo con aquellos que no están de acuerdo con estas agresiones pero sí consideran que las banderas de la izquierda (y las organizaciones de izquierda en general) perjudican o son nocivas para el tipo de proceso que ellos consideran ideal. Entendemos y compartimos su repudio a los partidos del sistema. Entendemos también su repudio al PT y su rol como principal partido del sistema en esta última década. Pero es necesario diferenciar las “falsas” banderas rojas de las verdaderas, aquellas de los que luchan codo a codo en las movilizaciones. 
 
En primer lugar, la presencia de las banderas del PSTU en estas movilizaciones no tiene nada de “oportunista”. Ellas han estado en todas las luchas progresivas en el país en las últimas décadas, sea contra la dictadura o contra los gobiernos electos. El PSTU nunca participó de esos gobiernos que implementan los planes de la burguesía, es oposición clara y firme a ellos aunque se digan de ‘izquierda”. Además, los reclamos generales de estas marchas coinciden con propuestas programáticas lanzadas antes de que estas movilizaciones se produjeran, como la rebaja de las tarifas del transporte, el 10% del PIB para educación o la denuncia del carácter de la Copa del Mundo. Desde este punto de vista, esas banderas tienen, a la vez, el derecho y la obligación de estar. Y así lo estuvieron desde el inicio de las manifestaciones, incluso antes de que se masificaran.
 
En segundo lugar, al decir “no a los partidos” se mezcla todo: a aquellos partidos contra los cuales se está luchando porque son los que gobiernan (como el PT o el PSDB) con aquellos que apoyan e impulsan estas luchas. Tanto los participantes de las marchas como el pueblo en general deben saber qué partidos están de un lado y cuáles del otro de esta lucha.
 
En tercer lugar, la propuesta de “no a los partidos” es antidemocrática: todo el mundo debe tener el derecho de decidir cómo participa de las marchas: si de modo individual, como parte de un colectivo no partidario o integrando un partido, etc. Nadie puede obligar a otro a adherir a un partido o participar de su columna. Pero, a la vez, no se puede negar el derecho de organizarse en partido u obligar a dejar de hacerlo.  
 
Finalmente, digamos que es divisionista y va contra el crecimiento del propio proceso de movilización. Algo que quedó claro cuando los neonazistas (disfrazados detrás del mote de “nacionalistas” y camuflados con banderas brasileñas) atacaron al PSTU, gritando precisamente “no a los partidos”. Una muestra de que esta ideología apartidaría sirve, en última instancia, a la burguesía y al sistema.
 
Evidentemente, este debate no va a resolverse rápidamente: sus diversas posiciones responden a experiencias profundas y distintas. Lo que les proponemos a todos los activistas apartidarios honestos es abrir un diálogo y un debate sobre las mejores formas de organización de las luchas, con la certeza de que estamos juntos luchando en el mismo campo contra las injusticias del capitalismo y contra los gobiernos que mantienen esas injusticias.              
 
Cómo seguir la lucha
 
Tal como dijimos, el programa que comenzó a esbozarse en este proceso de lucha es mucho más amplio que la mera anulación del aumento de los 20 centavos. ¿Cómo dar respuesta a la precaria situación de la salud y la educación públicas? ¿Cómo resolver el problema de la inflación y la carestía de los alimentos? ¿Cómo luchar contra las privatizaciones (como la de los aeropuertos o los estadios de fútbol) que sólo van a agravar este cuadro en beneficio de los mismos empresarios y banqueros siempre privilegiados? ¿Cómo enfrentar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales o contra las agresiones de la extrema derecha?
 
Para ello, es necesario, en primer lugar, formular un programa común de reivindicaciones e impulsar el ingreso masivo de la clase trabajadora, con sus métodos de lucha y de organización. Por eso, entre esas reivindicaciones, es imprescindible incorporar las más sentidas por los trabajadores y los sectores populares empobrecidos, para que el movimiento ensanche sus bases y fortalezca su capacidad de lucha.  
 
Como señaló Zé María de Almeida, presidente del PSTU, en un reciente artículo:
 
Es preciso que todas las organizaciones de la clase trabajadora asuman este desafío y esta tarea. La CSP-Conlutas está participando del proceso y está buscando movilizar sus bases en este sentido. Las grandes centrales sindicales deberían, en realidad, convocar una huelga general en este momento. La necesidad ahora es que todos estén en la lucha. Ninguna organización de la clase trabajadora puede proponer menos que esto.
 
En este sentido, la CSP-Conlutas ha lanzado la propuesta de realizar una jornada nacional de lucha unitaria para el próximo jueves 27 de junio. También es importante el acuerdo de la CSP-Conlutas con la Força Sindical y otras centrales para convocar un día de paralizaciones para el próximo 11 de julio.
 
Al mismo tiempo que se impulsa y se participa de la lucha concreta que, como vimos, puede lograr triunfos, es necesario decir que todas esas injusticias y males que afectan al pueblo brasileño son el resultado de un país expoliado semicolonialmente por el imperialismo, asociado a los grandes empresarios nacionales y defendidos por todos los gobiernos del sistema (sean de derecha o de la falsa “izquierda”). Por eso, la solución de raíz de esos problemas requiere una revolución socialista que cambie, precisamente de raíz esa estructura semicolonial. En ese proceso, es clave la construcción de herramientas de organización de la lucha de los trabajadores y las masas. También la de un partido revolucionario que se proponga ser la dirección consciente y consecuente del proceso, y del cual el PSTU es su proyecto más avanzado.   
 
Como dijimos, las cosas han cambiado en Brasil. Ahora la tarea central es preparar las respuestas obreras y socialistas, las organizaciones de masas, y el partido para luchar por esa revolución. Para hacer realidad la consigna que canta el PSTU en sus movilizaciones: “Ni derecha ni PT, yo quiero ver a los obreros en el poder”.
 
La LIT-CI, por su parte, se compromete a impulsar con todo la solidaridad internacional y por eso, sus organizaciones en otros países participan e impulsan activamente de todas las movilizaciones solidarias que ya se han hecho y que se continúan realizando. ¡Viva la lucha del pueblo brasileño!


[1] La PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) 37 le quitaba al llamado Ministerio Público (una especie de fiscalía oficial independiente) la capacidad de investigar los casos de corrupción y pasaba esta facultad a las policías militar y civil. Era considerado un intento de amortiguar estas investigaciones.