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29 marzo, 2024

Brasil: reducción de la mayoría de edad penal va a legitimar el genocidio de la juventud negra

En el inicio de la noche del 17 de junio pasado, bajo fuerte protección policial, la comisión especial de la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de reducción de la máxima penal en Brasil. Con las llamadas “bancada de la bala” (parlamentarios vinculados a la industria de armamentos, a la policía y a los militares) y la “evangélica” al frente, así como el reaccionario presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB, aliado del gobierno del PT), el proyecto está pronto para ser votado en el plenario de la Cámara, lo que debe ocurrir el próximo 30 de junio.

Es innegable que la propuesta de reducción de la mayoría de edad penal, de los actuales 18 años a 16 años, encuentra amplio respaldo en sectores de la población. Sobre todo entre los más pobres. Es también un hecho que esta discusión se da en un contexto de extrema violencia urbana que ataca principalmente a los más pobres. Pero, ¿será que esta es la solución para contener la llamada “criminalidad”? ¿Tendrían razón los Bolsonaros, Datenas y Malafaias  (se refiere a estos diputados y a sus seguidores en programas televisivos)?

 

Para dar luz a este debate, el IPEA (Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas) divulgo el estudio «El Adolescente en Conflicto con la Ley y el Debate sobre la Reducción de la Mayoría de Edad Penal», de los investigadores Enid Rocha Andrade Silva y Raissa Menezes de Oliveira. En ese estudio, tomando como base la situación de los jóvenes de 12 a 17 años, con informaciones de la PNAD (Investigadora Nacional de Domicilios) del 2013, llegan a la conclusión de que el Estado hace la vista gorda para la juventud brasileña. Y no es con relación a la impunidad.

 

La situación de los jóvenes en Brasil

El país cuenta con 21 millones de jóvenes y adolescentes [de 12 a 17 años], 11% del total de la población brasileña. La mayor parte está concentrada en la región sudeste (38.7%) y nordeste (30.4%). De estos, casi 60% son negros. ¿Y cuál es la situación de esos jóvenes? Incluyendo a los jóvenes de 15 a 17 años, más de 1 millón no tienen trabajo y no estudian. De estos, casi el 65% eran negros. De ese montón de jóvenes, que no trabajan ni estudian, el 83% (la gran mayoría) son clasificados como “extremadamente pobres” y viven en familias con una renta per cápita que no llega a un salario mínimo.

 

Los jóvenes que trabajan sobreviven con la precarización y los bajos salarios. La inmensa mayoría de los jóvenes de 15 años que trabaja gana menos de un salario mínimo [que equivalía a menos de 200 dólares mensuales]. Ampliando esa base para los jóvenes de 15 a 17 años, más de la mitad, el 60%, gana menos que el salario mínimo.

 

Si los jóvenes brasileños conviven con el desempleo y la precarización, cuando el asunto es la violencia, esos números no son mejores. En el PNAD de 2009, se ve que el 1.6% de la población ya fue víctima de algún tipo de agresión. Entre los adolescentes, esa proporción sube a 1.9%. De esos, 60% son negros. De los adolescentes agredidos, el 2.8% de los blancos fueron víctimas a manos de un policía o agente de seguridad privado. Entre los adolescentes negros el 4% fue arrestado por la policía o personal de seguridad.

 

Los números del Mapa de la Violencia de 2013 son más dramáticos. En 30 años, las muertes por armas de fuego, por ejemplo, crecieron 346%. Pero en los casos de los jóvenes ese crecimiento fue de 414%. Aquí también la juventud negra aparece más expuesta, con 133% más muertes que los blancos.

 

Los menores infractores

Si la juventud y, sobretodo, la juventud negra es la mayor víctima de la violencia de una sociedad que la excluye y la relega al desempleo y al subempleo, ni que decir de los llamados “menores infractores”. ¿No contribuirían a esa violencia, como pretenden hacer creer los conservadores y reaccionarios de diversos colores? Un dato ya bastante divulgado es el de la UNICEF Brasil que muestra que, de los 21 millones de adolescentes de Brasil, menos del uno por ciento (0.013%) cometió algún crimen contra la vida.

 

De los adolescentes detenidos en Brasil, en 2013, casi el 40% habían sido apresados por robo. La segunda causa de las «detenciones» de adolescentes y jóvenes, en Brasil es el tráfico e drogas, con 23.5%. El homicidio aparece sólo en tercer lugar, con menos de 10% de las causas de internación (8.75%). El latrocinio (robo seguido de muerte) responde apenas al 1.95% de las detenciones. Pero, ¿y esos jóvenes que mataron no se benefician de un sistema injusto que, bajo el manto de protección de los jóvenes y adolescentes, no promueve la impunidad? Ese es uno de los mayores mitos que rodean al tema.

 

Según el estudio citado por el informe del IPEA, comparando el sistema socioeducativo para jóvenes y el penal para los adultos, es más fácil que un joven o adolescente cumpla una pena de tres años, en régimen cerrado, que un criminal adulto. Para que un adulto quede tres años en la cárcel, necesita ser condenado a por lo menos 18 años de prisión, un caso bien raro.

 

Tenemos, entonces, el siguiente cuadro: mientras los jóvenes son víctimas preferenciales de la violencia, responden por la extrema minoría de los crímenes practicados. De esos crímenes, una minoría, aún más ínfima, es condenada por homicidio. Y una vez detenidos quedan más tiempo presos que los adultos. La mayoría, el 60% son negros. 

 

¿A quién beneficia la reducción de la pena máxima?

Los datos levantados por el IPEA y demás investigaciones comprueban que la causa de la violencia no viene de una supuesta “impunidad” de los menores infractores. Revelan que, por el contrario, los jóvenes, principalmente los jóvenes negros y pobres, son víctimas de esa violencia. ¿Por qué, entonces, esa histeria en torno del tema? ¿Por qué los políticos se movilizan para aprobar la reducción de la mayoría de edad penal y celebran patéticamente cada victoria conquistada en el Congreso?

 

Al contrario de lo que se puede pensar, esa medida no va a reducir la violencia sino que ayuda a legitimar aún más el genocidio a la juventud negra y pobre.  Encuentra apoyo popular porque es una respuesta, aparentemente fácil, a un problema concreto. Pero cuando los diputados aprueban eso, no están pensando en playboys que atropellan ciclistas pobres y fugan, ni en sus propios hijos o familiares. Hay una imagen bien definida en sus cabezas: esa imagen es de un adolescente negro en la favela o en la periferia de las grandes ciudades. Es contra ellos que apuntan sus armas.

 

El gobierno de Dilma [Rousseff], por su parte, al mismo tiempo que dice estar contra la reducción de la mayoría de edad penal, cocina un acuerdo, vía el ministro de Justicia Eduardo Cardozo, con el PSDB [oposición burguesa de derecha]. Ese acuerdo amplía el tiempo de internación de los menores desde los actuales 3 años hasta 10. Es decir, es una variante del proyecto de la “bancada de la bala” y va en el mismo sentido de criminalizar a la juventud.

 

Verdadera impunidad


Mientras tanto, Eduardo Cunha, citado en la Operación Lava Jato [investigación de corrupción de la Petrobras, empresas constructoras y diputados y senadores] y que responde a acusaciones por crímenes que llenarían metros de fichas judiciales, continúa impune. Renán Calheiros (senador del PDMB), otro notable corrupto, continúa impune y, eventualmente, hasta ocuparía la silla de presidente ya que es el jefe del Senado y substituye a Dilma cuando ésta y el vice están fuera del país. No sólo eso, todos los corruptos del Congreso Nacional están impunes, gozando de todos los privilegios posibles y planificando la construcción de un shopping exclusivo para atenderlos, que va a costar 320 millones de dólares.

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