Brasil: apagón, privatización, piratería y destrucción del sistema eléctrico
Tras el saqueo de las Tiendas Americanas, la Luz y la Ambev, socios de la 3G avanzan para controlar el sector eléctrico del país.
16/8/2023
Por: Geraldo Batata
El apagón de dimensiones continentales del 15 de agosto fue una amargo muestra de la entrega del sector eléctrico , a través de las privatizaciones , a grupos privados rentistas y buitres del capital financiero nacional y extranjero, del tipo 3G (el grupo que robó las Tiendas Americanas), BTG Pactual , BlackRock, y grupos de diferentes países interesados en ganancias fáciles, con exenciones fiscales y bajas inversiones.
Todavía es demasiado pronto para determinar con exactitud la causa técnica del apagón. Pero el origen de este proceso de despilfarro del patrimonio público que atenta contra el desarrollo nacional es muy fácil de detectar, ya que es un proceso de larga data y con personajes muy conocidos y otros oscuros, pero bien remunerados. Una de las hipótesis de la prensa sería la falla de cinco turbinas en la usina de Santo Antônio, recién privatizada junto con la Eletrobras.
3G de las Americanas controlan la Eletrobras privatizada
Además de ser conocidos por la burda manipulación (robo) de más de R$ 40.000 millones en los balances de las Americanas, el trío de la 3G Capitales (Lemann, Telles y Sicupira) son cada vez más conocidos como buitres en el sistema financiero. Es decir, se enriquecen rápidamente a costa de saquear empresas y riquezas, negociando, defraudando, sin el menor escrúpulo moral, perfectos representantes del orden capitalista. Las maniobras más recientes (que viene de años) del trío oligarca de la 3G Capitales significarán, en algunos años, la destrucción del sector energético del país. Un ejemplo trágico es el caso de la Light en Río de Janeiro, que está al borde de la quiebra y en recuperación judicial, al igual que las Americanas.
Documentos difundidos en un reportaje de la Folha de S. Paulo (11/6/23), muestran maniobras del trío para tomar el control total de la Eletrobras, con la posesión de sólo 0,05% de las acciones de la empresa (así es, no se puede leer mal), privatizada durante los gobiernos de Temer y de Bolsonaro. Según el diario, el trío trabajó con grupos de inversores y el gobierno de Bolsonaro para nombrar a los miembros del Consejo de Representantes, obteniendo la nominación de los 8 amigos para las asientos, e incluso retirando la representación de los trabajadores. Los concejales tienen mandato hasta 2025, y hasta entonces podrán consolidar políticas de interés para el trío 3G. En tanto, la Unión [gobierno federal], que aún tiene 43% de las acciones, solo puede interferir con 10% de los votos, de acuerdo con la cláusula barrera establecida en el proceso de privatización. Dicho sea de paso, los primeros actos de los nuevos concejales fueron aumentar sus propios salarios. El del presidente pasó de R$ 50.000 a R$ 300.000 y el de los concejales pasó de R$ 5.000 a R$ 200.000. Todos los miembros del consejo son ejecutivos vinculados a empresas que tienen relación con 3G o con empresas propiedad de sus socios en el mercado financiero.
Las privatizaciones de la Eletrobrás y de otras empresas estatales de energía están llevando a la creación de un supermonopolio en el sector de la energía (y de agua) bajo el control de la 3G Capitales. El mercado brasileño se divide entre la energía contratada por las distribuidoras y el llamado Mercado Livre de Energia, que compra la energía cuando los precios están bajos y la vende en el mercado… libre, a precios más altos. Resulta que la tendencia de la Eletrobras privatizada es precisamente acabar con la Energía Contratada de largo plazo, y priorizar la venta directa en este mercado. Así, quien regularía los precios sería el mercado, como su nombre lo indica, “libre” (de regulación gubernamental). Así, cuando haya una demanda de energía muy fuerte, con algún crecimiento económico, combinado con escasez de lluvias, por ejemplo, o incluso algún factor de crisis del mercado, los precios se dispararán, como sucedió en la Unión Europea con la invasión rusa a Ucrania. Los precios se dispararán y las ganancias para los accionistas aumentarán vertigonosamente, creando, además, un efecto dominó en los costos de producción y en todos los sectores de la economía, que se trasladará a los trabajadores al final de esa cadena. El otro efecto son los apagones y la decadencia del sector que conducirá en el futuro a un desastre ya anunciado, como ocurrió este martes.
Para consolidar su monopolio eléctrico, la 3G, a través de la Eletrobras y sus filiales, avanza sobre pequeñas y medianas usinas hidroeléctricas. En marzo, a través de su filial Furnas, la empresa anunció la compra de las participaciones de la CEMIG (Empresa Eléctrica Estatal en Mina Gerais), Andrade Gutiérrez y Novonor (antigua Odebrecht), en Madeira Energia, tomando el control de 95% de la usina Santo Antônio, en Porto Velho, Rondônia. En abril, también compró de la CEMIG, por R$ 593 millones, las usinas de Retiro Baixo (entre Curvelo y Pompéu, MG) y de Baguari (Governador Valadares, MG), también a través de Furnas. La estrategia es la centralización de los capitales y la monopolización del sector, avanzando en el control directo de usinas, líneas de transmisión y subestaciones, incluso desmantelando asociaciones con otros grupos, hoy de 71 asociaciones para 31 de ellas en el futuro.
Privatización de las eléctricas en los Estados
En los Estados, la gran mayoría de los gobernadores atienden la demanda de capital financiero para transformar las empresas estatales de energía en corporation, término para designar que la empresa no tendría un único dueño, al estilo de la Eletrobras. Léase: facilitar a los buitres del mercado financiero la compra de acciones estatales a precios muy bajos, establecer posiciones ultraminoritarias y asumir el control en la administración y los consejos, determinando el rumbo del sector, gastando el mínimo de recursos.
El proceso de privatización en el sector energético está muy avanzado. Estos son algunos ejemplos recientes: Companhia Energética de Brasília-Distribución (CEB-D), vendida a Neoenergia (Grupo español Iberdrola) en 2020 por US$ 488 millones; Companhia Elétrica de Amapá (CEA), adquirida en junio de 2021 por Equatorial Energia (BTG Pactual, BlackRock, etc…) por R$ 50.000; y la empresa de transmisión estatal de Goiás, CELG-T, que fue comprada por EDP (3G Capital) por R$ 1,98 mil millones el año pasado. En 2018, se vendieron seis distribuidoras pertenecientes a Eletrobras: Cepisa en Piauí y Ceal en Alagoas a la Equatorial Energia; Eletroacre (Acre) y Ceron para Energisa; y Roraima Energia (Roraima) y Amazonas Energia (Amazonas) al consorcio Oliveira Energia. En octubre de 2022, fue el turno de la Compañía Estatal de Generación de Energía Eléctrica (CEEE-G), de Rio Grande do Sul, para la Companhia Forestal do Brasil, del grupo CSN. El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, viene tratando insistentemente de llevar a cabo un proceso de privatización que eluda el referendo popular, previsto en la constitución del Estado. En Paraná, el gobernador Ratinho Jr. entregó la COPEL, también bajo el modelo de corporation [sociedad anónima].
Un modelo parasitario de saqueo de la población y del propio Estado
Esta ofensiva privatista de la burguesía nacional sobre empresas estratégicas está relacionada con la acentuada tendencia de decadencia del país, con predominio del parasitismo financiero, la primarización de la economía y la desindustrialización. Mientras los países imperialistas libran una guerra económica por el control de las cadenas productivas de alta tecnología (chips, semiconductores, maquinaria aeroespacial, química, etc…), la burguesía nacional y el Estado brasileño se someten a ser meros proveedores de materias primas, o como máximo, ensamblando productos para grandes multinacionales. Condena el país a alejarse cada vez más de las actividades productivas de mayor valor agregado y a un proceso de decadencia en un pozo sin fondo.
Por lo tanto, la voracidad contra los bienes del Estado, desde las empresas estatales hasta la administración de las UPA’s, escuelas públicas, servicios tercerizados en la administración pública. También avanza contra la Amazonía, lo que queda del Cerrado, del Pantanal, las las sierras de Minas.
Miremos los casos de la Petrobras, por ejemplo: con el aumento de los precios de los combustibles, la empresa transfirió R$ 196.000 millones a los accionistas,en 2022, 47% de estos fueron para inversores extranjeros.
¡Reestatización inmediata de Eletrobras y del sistema eléctrico privatizado!
El proyecto social-liberal del gobierno de Lula se repite ahora bajo la forma de una tragedia aún mayor, porque venimos de cuatro años de gobierno de Bolsonaro.
Durante los 13 años de gobiernos de conciliación de clases del PT (Lula y Dilma), ninguna empresa estatal fue reestatizada. Por el contrario, las empresas privatizadas continuaron disfrutando de subsidios e incentivos, como la Vale y la Embraer, además de realizar subastas del presal, puertos, aeropuertos y carreteras. El proyecto de privatización de Eletrobras fue aprobado por el Congreso Nacional en julio de 2022, liderado por Lira, Pacheco y los partidos del Centrão, antes aliados de Temer y de Bolsonaro y, ahora, de Lula. Esto demuestra que no existen contradicciones en cuanto al resultado final del proyecto económico. La incursión del gobierno contra el proceso de privatización de Eletrobras no es precisamente para revertir todo el proceso, sino para garantizar una participación proporcional del gobierno federal en la administración de la empresa. Eso para imponer una forma similar al modelo de control existente en la Petrobras. El Estado, por lo tanto, seguiría siendo socio de esta oligarquía financiera.
La reestatización de Eletrobras, y de las empresas privatizadas, son necesarias no porque el control y la gestión del Estado capitalista beneficien a la población, sino porque evitarían que la situación empeoraseaún más, y hubiese destrucción y saqueo de las sector de energía eléctrica al estilo 3G en la Light y Americanas. Un proyecto de desarrollo nacional pasa justamente por la ruptura con los intereses de esta oligarquía financiera nacional y con el imperialismo, cualquiera que sea, rompiendo la lógica de la ganancia del mercado capitalista, y pasando a basarse en las necesidades de la población trabajadora, siendo esto posible sólo con el control obrero de las empresas más grandes del país. Debido a sus alianzas, el gobierno Lula-Alckmin es incapaz de expropiar las acciones en poder de los buitres de la 3G o de la BlackRock que operan en este sector. Cabe a la clase trabajadora cumplir esa demanda vital para el desarrollo del país.
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
