La catastrófica crisis económica y social que azota al país continúa agravándose, golpeando sobremanera y principalmente a los trabajadores y a los habitantes de los sectores populares.

Por: Leonardo Arantes, de la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST)

El gobierno de Maduro y el régimen chavista de conjunto, son los absolutos responsables de la trágica situación, que ya se venía gestando durante los gobiernos de Chávez, en los cuales además de no modificarse para nada el carácter capitalista dependiente y semicolonial del país (carácter que por el contrario se profundizó), comenzó un proceso de destrucción del aparato productivo nacional y de entrega de las reservas de hidrocarburos y minerales, priorizándose por los pagos de deuda externa, las garantías de ganancias para las transnacionales y manejándose la economía de manera desastrosa, a lo que debemos agregar la más impresionante fuga de capitales conocida en la historia del país. Este proceso se ha acelerado bajo la administración de Maduro, que además descarga contra los trabajadores un ajuste brutal.

El gobierno pretende evadir su responsabilidad en la situación, culpando a las sanciones imperialistas del desastre en el que se encuentra el país; pero el hecho cierto es que tales sanciones comenzaron a aplicarse durante el último trimestre de 2019, mientras que la brutal crisis viene desde 2013. Por lo tanto, si bien es innegable que estas últimas surten el efecto de agravar la calamitosa situación, empeorando las penurias que atraviesan los trabajadores y el pueblo venezolano, no eximen al gobierno y régimen chavista de la responsabilidad de la crisis.

La destrucción económica y situación miserable de los trabajadores

Desde que Nicolás Maduro asumiera la presidencia en 2013, Venezuela atraviesa una depresión económica continua, el producto interno bruto (PIB) del país se ha venido contrayendo de manera acelerada, registrando hasta 2019 una caída acumulada de 71,4%. Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en su informe de junio de 2020 estima que el PIB venezolano sufrirá una caída del 26%, al cierre del presente año, lo que tiende a coincidir con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe corregido de “Perspectivas para América Latina” afirma que la caída del PIB de Venezuela para el 2020 será de 25%, con una caída estimada promedio para la región de 8,1%.

Es probable que estos datos estén cargados del sesgo político propio de estos organismos, que los lleva posiblemente a exagerar las cifras, pero más allá de eso lo cierto es que la economía venezolana está destruida, la mayoría de las empresas estatales quebradas, abandonadas y desérticas, esto incluye a las empresas básicas y a PDVSA, cuyas principales refinerías se encuentran en estado deplorable y/o totalmente paralizadas.

Por ejemplo, la refinería de Puerto la Cruz con una capacidad instalada para refinar 190 mil barriles diarios de crudo tiene cuatro años paralizada, situación similar se vive en la refinería de El Palito cuya capacidad de refinación era de 140 mil barriles por día, mientras que el Complejo Refinador Paraguaná opera a menos de 10% de su capacidad, la producción petrolera en general supera apenas los 600 mil barriles diarios, descendiendo a niveles inferiores a 1943. La mayor parte de esta caída se produjo en los últimos tres años (70,7%) y la misma está asociada a la completa destrucción la industria petrolera, fallas de gestión, falta de mantenimiento, bajo nivel de inversión, pésimos servicios de apoyo y recientemente a las sanciones imperialistas. Las exportaciones de crudo también han caído en picada, cayendo a un mínimo histórico de 359.000 barriles por día en octubre de 2020.

Otros sectores económicos también han sufrido severas contracciones en los últimos años, tal es el caso de la construcción que en 2019 se contrajo 74,1%, con respecto al 2018, y la manufactura que cayó 56,3% durante el mismo periodo con respecto al año anterior.

La destrucción de la economía es alarmante y los trabajadores y el pueblo pobre pagan las terribles consecuencias de esto; el hambre se pasea campante por las calles de las principales ciudades, pueblos y caseríos del país, recientemente por redes sociales fue altamente difundida la noticia e imágenes de dos ancianos muertos por inanición en pleno centro de Caracas, activistas obreros y sindicales han expresado testimonios de gente que ha llegado a comer perros en populosos sectores de esta ciudad, como en el famoso barrio de San Martín (también en el centro de Caracas), pero escenarios y denuncias similares se repiten en todo el país.

El desempleo y empleo precario e informal abunda en el país, lo que hace imposible para la población en esta situación (más de la mitad de la población del país) poder cumplir una cuarentena efectiva, por lo que el gobierno busca imponerla mediante mecanismos represivos y de control social. Los trabajadores formales devengan salarios de miseria, la población en general, pero mayormente la que habita en barrios obreros y populares padece los efectos de la destrucción de los servicios públicos.

Barrios enteros carecen de agua, sufren constantes cortes de electricidad, sus habitantes pasan meses cocinando en leña, al mejor estilo del siglo XIX, el servicio de telecomunicaciones es deplorable y la actual escasez combustible, así como las fallas y corrupción en el suministro del poco que hay disponible, obligan a los venezolanos a hacer filas de 3 ó 4 días para llenar el tanque o surtir al menos 20 litros de gasolina. A esto hay que sumar la escasez de dinero en efectivo y el deplorable estado del transporte público cuyo precio también se ha incrementado.

Todo esto tiene su origen en la desastrosa política económica del régimen chavista, en años de desinversión en la industria nacional estatal, en la destrucción de la producción petrolera y de alimentos, la entrega de los recursos minerales y de hidrocarburos y la priorización de Chávez antes y de Maduro ahora por los pagos de deuda externa, por garantizar los beneficios a la burguesía local y transnacional, por los negocios de la boliburguesía, la burguesía transnacional y la burocracia roja – rojita civil y militar, quienes fueron los ejecutores y beneficiarios, a través de la asignación de divisas a precios preferenciales para la importación, de la enorme fuga de capitales antes mencionada.

Lejos está todo esto de representar una política de construcción del socialismo, como falsamente intenta hacer ver la dictadura de Maduro, y como interesadamente se hacen eco los distintos factores de la oposición burguesa, así como también queda claro que, el chavismo no expresa ni una política, ni un movimiento antimperialista como intenta hacer ver la izquierda reformista.

El salario de hambre 

A inicios del mes de noviembre, el gobierno de Maduro acaba de implementar un aumento nominal de salario mínimo, llevándolo a 1.200.000 bs. mensuales, dejando el llamado cesta ticket socialista el valor de 400.000 bs. al mes y creando una figura de bono de alimentación de 800.000 bs. al mes, todo esto fue hecho sin grandes anuncios y a través de redes sociales, está práctica que ya se viene haciendo común para implementar los aumentos nominales de salario (el aumento anterior también se efectuó así), consideramos que revela el implícito y descarado (aunque no admitido) reconocimiento, por parte de los voceros oficialistas de que tales incrementos están súper lejos de cubrir las necesidades básicas de la población, al punto de que prefieren no anunciarlo.

Antes del presente incremento el salario venia representando 0,75 $ mensuales que sumados a una cantidad equivalente del cesta ticket socialista representaban un ingreso mínimo mensual de 1,50 $; con el aumento implementado el ingreso mínimo mensual llegó a ser equivalente a 5$ al mes, no obstante la acelerada y continua devaluación del dólar paralelo, que es el que realmente rige la relaciones económicas en el país, rápidamente lo han reducido a 3,6 $ mensuales (1,8$ de salario + 1,8$ de bonos alimenticios), ingreso que viene a ser devengado por más de 4 millones de pensionados – jubilados y otros más de cuatro millones de trabajadores activos, sin contar a la población que sin devengar salarios dependen apenas de lo que el gobierno asigna a través del mecanismo clientelar de los bonos del sistema patria, es decir, trabajadores informales que no tienen ingreso fijo y también trabajadores de empresas estatales quebradas que ni siquiera pagan salario y cuyos trabajadores sólo perciben dichos bonos.

Este miserable ingreso somete al hambre y la depauperación a todo este importante porcentaje de la población trabajadora de Venezuela, que aparte con aplicación del memorándum 2792, han visto desmejorar sus condiciones laborales y han visto directamente arrebatadas sus conquistas contractuales y derechos sindicales.

Todo esto en un país con una bochornosa inflación, y una permanente devaluación monetaria, donde fallan todos los servicios públicos, la represión es brutalmente abusiva y que además es azotado por la pandemia del Covid-19.

Para muestra de esto vale señalar que organismos con Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS – FVM), publican en sus informes que las canastas alimentaria y básica familiar se ubicaban para el mes de septiembre en 165,02$ y 229 $ respectivamente, mientras que el ingreso mínimo mensual actual no alcanza los 4$.

Política de ajuste 

Desde octubre de 2018, el gobierno de Maduro anunció la aplicación de un tremendo ajuste contra los trabajadores y el pueblo humilde Venezuela, realmente oficializando la aplicación de algunas medidas que ya venía implementando por la vía de los hechos, esto a través del denominado “plan de recuperación económica”; el ajuste incluyó: reconversión monetaria, devaluación del tipo de cambio oficial, elementos de reforma fiscal (exoneración de pagos de impuesto sobre la renta a empresas importadoras de alimentos y transnacionales petroleras y mineras, mientras aumentaba el IVA), aumento de la gasolina (que no se pudo materializar al momento en toda su extensión por fallas técnicas), aumento de las tarifas de algunos servicios básicos, un nuevo esquema de precios y ajuste del salario (que con la devaluación aceleradamente de pauperizó), pero lo más letal de dicho ajuste fue la aplicación del memorándum 2792, instrumento a través del cual se dejó a los patronos púbicos y privados las manos libres para reducir personal de sus empresas, modificar condiciones laborales y directamente eliminar derechos contemplados en las convenciones colectivas.

Este paquete también incluyó la entrega a través de PDVSA de un bloque completo de reservas petroleras certificadas, 29.298 millones de barriles al Banco Central de Venezuela (BCV), para poder emitir documentos financieros con ese respaldo, es decir, la puesta en garantía de reservas y activos petroleros para la contratación de deuda, cuestión reñida con la constitución y legislación vigente.

Avances en los procesos de privatización y entrega de reservas

Durante los poco más de dos años transcurridos desde el anuncio, el gobierno ha venido profundizando su política de ajuste contra los trabajadores avanzando en temas como la privatización de empresas estatales, entre ellas PDVSA, y en la entrega de los recursos minerales, ya antes de 2018 se firmaron los acuerdos del Arco Minero Orinoco (AMO) que entrega importantes reservas minerales a transnacionales imperialistas.

Se trata de un área de 111 843,70 km², que ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, equivalente a 12,4 % del territorio venezolano[1], duplicando a la faja petrolífera del Orinoco, y que cuenta con 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales, que estarían siendo entregadas para su extracción a al menos 150 empresas de 35 países, principalmente a la norteamericana Gold Reserve Inc., que en tiempos de Carlos Andrés Pérez depredó la zona sur del país y la canadiense Barrick Gold  que posee un historial de denuncias en los lugares donde tiene presencia, relacionados con asesinatos y abusos en países como Papúa Nueva Guinea y Tanzania, así como de contaminación y daños ecológicos alarmantes, como el derrame de al menos un millón de litros de solución cianurada en cinco ríos de la provincia argentina de San Juan[2].

Muchas empresas nacionalizadas han sido reprivatizadas, algunas a nivel de varios estados y otras a nivel nacional, como son los casos de la cadena de hoteles Venetur, entre ellos el Hotel Humboldt, entregado a los empresarios de la cadena Marriott, los abastos Bicentenario, empresas de procesamiento de alimentos, entre otras.

Es un proceso que viene avanzando también en PDVSA, y que ha incluido y la reducción y en algunos casos entrega de la mayoría accionaria en empresas mixtas y refinerías de PDVSA en el exterior. Como en 2016, cuando se redujo de 60% a 50,1% la participación de PDVSA en la empresa mixta PetroSinovensa y del 83% al 60% en PetroMonagas, de la faja petrolífera del Orinoco (FPO), la entrega a una empresa de maletín de Malta del Bloque Junín 10 de la FPO, que antes operaba PDVSA. Así como también, en 2020, la creación de PDV – Puertos para la gestión de puertos y terminales petroleras del país, empresa que contaría con ingresos propios y con la facultad para hacer alianzas con asociaciones nacionales e internacionales y la venta del 35% de las acciones de la refinería sueca Nynas, pasando PDVSA del 50% al 15%, cediendo la posición mayoritaria en el paquete accionario.

Es decir, todo un plan de reestructuración hacia la privatización, violatorio de la Ley de Hidrocarburos en vigencia y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Cabe adicionalmente señalar que, con la aprobación en 2016, de la reforma de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, se abrió la puerta para la entrega del gas costa afuera a las empresas transnacionales[3].

Ley Antibloqueo para legalizar el Saqueo

Con el propósito de dar una cobertura legal a todo este proceso de privatizaciones y entrega de reservas y recursos naturales, minerales e hidrocarburos a las transnacionales imperialistas, así como también chinas y rusas, el gobierno de manera apresurada y casi sin discusión, ha hecho aprobar la cuestionada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, valiéndose para esto de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aunque la aprobación se dio sin la unanimidad de dicho organismo de clara orientación oficialista.

Variados han sido los cuestionamientos al instrumento legal, algunos giran en torno a que la recién aprobada legislación va en contra de la constitución nacional, otros alrededor del secretismo, apresuramiento y poca discusión para su aprobación, y los restantes al respecto de que se aprueba una norma, que se salta importantes aspectos constitucionales sin la mínima consulta para su aprobación popular, como podría ser un referéndum, lo que la convierte en una norma totalmente fraudulenta.

Esta ley permite al ejecutivo saltarse los controles de la Asamblea Nacional para privatizar activos de la República y empresas del Estado, revertir expropiaciones o nacionalizaciones, reestructurar empresas del Estado, incorporando a entes privados nacionales e internacionales, eludir leyes para poder llevar a cabo estas acciones, celebrar contratos que impliquen endeudarse y todo bajo el más absoluto silencio y confidencialidad, de espaldas a los trabajadores y el pueblo.

La posibilidad de privatizar y revertir nacionalizaciones, entre otros mecanismos, se materializa cuando se allana el camino para alterar la composición accionaria de empresas con más del 50% del Estado, lo que supone reducir esa participación y aumentar la privada y también permitiendo dirimir divergencias a través de los tribunales internacionales aliados del imperialismo.

Resulta extremadamente preocupante el bloqueo de toda posibilidad de que se conozcan los términos de los acuerdos a los que llegaría el ejecutivo con las entidades privadas nacionales y foráneas, y las de su veto por la Asamblea Nacional, amparados por la confidencialidad, llegando incluso a establecer la posibilidad de judicializar y penalizar a quienes indaguen sobre los mismos.

De esta manera se dejan las manos libres para la acción del capital privado nacional e internacional para el saqueo de la nación, la extracción ilimitada de los recursos petroleros y mineros de Venezuela, el incremento de la dependencia y colonización del país y la explotación de los trabajadores. Por eso no es de extrañar que, pese a las críticas al respecto del secretismo y premura en su aprobación, voceros de la burguesía como Ricardo Cussano, presidente de Fedecamaras (principal gremio burgués del país), celebren la aprobación de la referida ley, reivindicándola como necesaria para la “atracción de inversiones”.

Dolarización, avances y zigzagueos 

La destrucción de la producción petrolera, el consabido descenso de las exportaciones de crudo, la debacle de la producción nacional de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, aunado al aumento de la dependencia de las importaciones (descenso de las importaciones oficiales y aumento de las privadas, principalmente las informales), en los últimos años condujeron a un proceso hiperinflacionario y aceleraron la devaluación del Bolívar, esto se ve agravado con los aumentos en la tasa de cambio oficial (devaluación decretada por el gobierno), que empuja hacia arriba el dólar paralelo, que realmente rige los ritmos de la economía nacional.

Todo esto conduce a una creciente desconfianza en la moneda nacional y un aumento de la presencia de la divisa norteamericana en las operaciones comerciales en el país, en las distintas esferas económicas. Bienes y servicios se cotizan en dólares en el país, esta moneda se toma como referencia para fijar los precios y estos ya se expresan públicamente en la misma, el gobierno aceleró este proceso al anunciar y permitir el cobro de gasolina en $.

El gobierno de Maduro, se ha caracterizado por una conducción económica por demás errática e improvisada, donde abundan las disputas internas. Consideramos que esto, junto con fallas en otros aspectos de tipo técnico, es lo que le ha impedido avanzar a fondo en el tema de la dolarización, aunque esta como hemos dicho, se viene dando en los hechos. El gobierno la contempla como una posibilidad y abona el terreno para su concreción, aunque de manera zigzagueante. Por eso vemos pasos que se adelantan en esa dirección y retrocesos en la misma, así como cruce de declaraciones.

Así, mientras Maduro en una entrevista a un medio internacional el año pasado la admitía como posibilidad, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, a mediados de año declaraba que no habría ninguna dolarización. No obstante, a la par de esto, en los últimos meses del tercer trimestre del año el gobierno autorizó a la banca privada nacional para aperturar cuentas en dólares para su clientela, orientando al otorgamiento de facilidades para ello, esta medida luego fue frenada y actualmente se encuentra en una especie de limbo.

De igual manera se anunció, un proyecto para instalar en el país cajeros automáticos que dispensarían dólares en efectivo, reconociendo la vocería oficialista el “innegable protagonismo de la divisa norteamericana en la vida económica nacional”.

El proyecto que estaba previsto inicialmente para comenzar a implementarse a partir del día 07 de noviembre

de 2020, en tres ciudades pilotos: Caracas (Distrito Capital) Valencia (estado Carabobo) y Barquisimeto (estado Lara), fue suspendido a dos días de su entrada en vigencia, cuando la empresa contratada para el mismo, AKB Fintech, asociada a productos de la billetera digital MIA (los cajeros pertenecían a dicha billetera), emitiera un comunicado expresando que la suspensión era debida a: “…la confusión y las dudas que se han generado en ocasión del anuncio efectuado por la empresa respecto al inminente lanzamiento en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de uno de los productos asociados a la billetera Mía, la cual mediante el uso de tecnologías de nueva generación permitiría el dispenso de monedas extranjeras en efectivo en locales comerciales ubicados en ese país, se decidió suspender la instalación de dicho producto” (El Nacional 06/11/2020). Seguido a esto la empresa declaró que: “actualmente evalúa la posibilidad de establecer alianzas con la banca nacional y con otros sectores que permitan atender las necesidades de sus clientes” (primicias.com 11/06/2020).

Más recientemente, el portal de noticias Bloomberg, publicó en su página web, una información según la cual el gobierno venezolano estaría discutiendo con la banca nacional un plan de dolarización, el cual contempla, implementar un nuevo sistema de compensación nacional a mediados de 2021 y un esquema que permitiría a las instituciones financieras locales ofrecer préstamos en dólares a sus clientes (Bloomberg 16/11/2020).

No es el objetivo de este texto discutir las implicaciones que la dolarización tendría sobre la economía nacional, hacia la aplicación de tal medida, no obstante, cabe señalar que, con la dolarización, los estados nacionales pierden la posibilidad de poder controlar su moneda, perdiendo la capacidad de por ejemplo financiar el gasto público vía devaluación o reducir el monto de sus deudas en moneda local por la vía de la revaluación de la misma.

Las elecciones parlamentarias y la necesidad de legitimidad para aplicar el ajuste 

Para continuar profundizando la aplicación de semejante plan de ajuste, el gobierno necesita, y la burguesía tanto nacional como foránea exigen confianza institucional y estabilidad política, dos elementos de los cuales adolece actualmente la dictadura madurista.

Por tal razón, aprovechando que el calendario electoral contempla la realización de las elecciones al parlamento nacional, han preparado un proceso electoral, totalmente viciado y fraudulento, plagado de ventajismo a favor del oficialismo, de manipulaciones en el registro electoral, en la distribución de las circunscripciones electorales, construyéndose una oposición a la medida, que desde hace tiempo viene pactando con el gobierno y facilitándole la aplicación de sus planes a cambio de migajas políticas y económicas.

En tales condiciones el gobierno procura asegurarse una victoria electoral, que le garantice una mayoría parlamentaria, con alguna representación menor de este sector burgués opositor y de la izquierda reformista, a fin de mostrar tal parlamento como institución legitima a sectores de la burguesía imperialista y sus socios de las burguesías semicoloniales del continente, así como para las burocracias y burguesías china y rusa.

Con un fraudulento triunfo electoral asegurado, sólo les resta mostrar una participación popular (votos) considerable, para esto hacen uso de todos los mecanismos de sugestión, pero principalmente de coerción posibles y cuentan con el apoyo y capitulación de partidos minoritarios de la oposición burguesa, así como de las juntas directivas ad hoc (cómplices del gobierno) de los partidos mayoritarios de esa misma oposición, nombradas de manera arbitraria por el oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), vale decir que también intervinieron juntas directivas de partidos aliados, para asegurarse de que estos presentasen las mismas candidaturas del PSUV.

Pero para esto también contribuye la izquierda reformista organizada en la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), quienes con su política partipacionista, pretenden en primer lugar, contener el descontento de la población contra el gobierno, llamando a confiar en el fraudulento proceso electoral, con discursos como: “vota el 6D para tener salarios dignos”, y otras frases por el estilo y por otro lado arrimar votos para derrotar la abstención, que a su juicio sería “derrotar a la derecha”.

Otras organizaciones como Marea Socialista, levantan la política del voto nulo, lo que en los hechos constituye una verdadera capitulación, por un lado, porque el gobierno ha blindado el sistema para hacer casi imposible el voto nulo y por otro, porque, aunque nulos esos votos cuentan como participación y eso es lo que al gobierno le interesa mostrar.

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), llamamos a rechazar este fraude electoral y expresar nuestro repudio absteniéndonos el 06 de diciembre, combinando esto con llamados a la movilización popular contra el mismo, por las reivindicaciones más sentidas de la clase trabajadora venezolana y por un programa de emergencia para enfrentar las crisis sanitaria y económica desde la perspectiva de los trabajadores y el pueblo pobre.

Para esto hemos constituido junto a otras organizaciones políticas de izquierda independiente y organizaciones sindicales y populares el “Espacio por la abstención y la movilización obrera y popular” y estamos convocando a un cacerolazo para el día 06 de diciembre, respondiendo al sentimiento mayoritario de los trabajadores y habitantes de los sectores populares, que hoy no tienen ninguna expectativa en tal proceso electoral y para quienes el mismo no es ni siquiera tema de discusión.

Las luchas obreras y populares y la necesidad de un programa para salir de la crisis. Fuera Maduro 

La crisis económica, social y sanitaria que atraviesa el país, es padecida principalmente por los trabajadores y el pobre de Venezuela no pudiendo ser de otra manera en un país capitalista, gobernado por una dictadura burguesa, corrupta y criminal, cuyo antiimperialismo se reduce a discursos y como hemos visto es completamente falso.

Somos los trabajadores los que sufrimos los salarios de hambre, la hiperinflación expresada en el aumento exacerbado de los precios, el desabastecimiento, el desempleo, los despidos, la falta de vivienda, las condiciones precarias de la salud y la educación y el deterioro de los servicios. Además de pagar las consecuencias de los pagos de deuda externa, la priorización por las ganancias de las transnacionales y de la entrega de los recursos y reservas del país.

La clase trabajadora venezolana, sufrió en los últimos años duros reveses, atomización de sus organizaciones sindicales, cooptación y corrompimiento del activismo, represión, encarcelamientos, imposición de leyes que limitaban el derecho a la protesta, intromisión del estado en los asuntos sindicales, entre otros golpes que llevaron al retroceso en el nivel de luchas obreras y facilitaron la perdida de conquistas laborales y sociales, así como la aplicación del brutal ajuste que venimos describiendo.

No obstante, desde 2018, la dinámica ha comenzado a cambiar, en respuesta a la grave crisis comienzan a proliferar las movilizaciones obreras y populares (con la clara distinción que existe entre ambas). En distintos momentos del año en curso hemos sido testigos de ascensos de protestas obreras y populares contra el hambre, los bajos salarios, la defensa de derechos laborales, contra el deterioro de los servicios, por la libertad de presos políticos y por la defensa de libertades democráticas en general.

Durante el mes de octubre de 2020, el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, reporta 1794 protestas para ese periodo, de las cuales 966 fueron por fallas de servicios públicos, 284 motivadas a la escasez de gasolina y 544 contra los bajos salarios y por otros motivos laborales.

En días recientes han tenido lugar masivas protestas de maestros, reclamos de cementeros, petroleros jubilados; hubo una protesta de al menos un millar de personas que dio un importante ejemplo de unidad, debido a que, habiendo sido convocada por el gremio de la salud, contó con la presencia de trabajadores universitarios, maestros, entre otros del sector público, para este miércoles 18/11/2020, los trabajadores universitarios preparan una movilización similar, hace poco se realizó una manifestación con objetivos políticos exigiendo la derogación de la recién aprobada y muy repudiada Ley Antibloqueo.

Esto plantea una situación donde cobra vital importancia organizarnos por la base y movilizarnos arrancando por la defensa de nuestros derechos elementales, derrotar el ajuste, y con el objetivo de derrocar al gobierno de Maduro, debido a que no existe manera de terminar con la catastrófica crisis que soportamos sin expulsar a la dictadura madurista.

Esta lucha debe estar dotada de un programa que debe planteando una alternativa desde la clase obrera para enfrentar la crisis y derrotar el ajuste, se plantee el Fuera Maduro, sin ninguna confianza en la oposición burguesa, en cualquiera de sus expresiones, ni en el imperialismo, sus sanciones y acciones injerencistas. 

Fuera Maduro.

Ninguna confianza en Guaidó y los partidos de la oposición burguesa.

Derogación de la ley antibloqueo, no al saqueo de nuestros recursos y reservas de hidrocarburos y minerales.

No al pago de la deuda externa.

Por la confiscación de los bienes de corruptos e importadores fraudulentos. Repatriación de los capitales fugados.

Nacionalización 100% de la industria petrolera, sin transnacionales, ni empresas mixtas.

Salario mínimo igual a la canasta básica indexado mensualmente de acuerdo a la inflación

Por la defensa de las convenciones colectivas, contra su violación y eliminación.

Por la defensa de los derechos sindicales, no a la intromisión estatal en las elecciones sindicales, defendamos el derecho de los trabajadores de elegir libremente a sus legítimos representantes.

Por la derogación del memorando 2792.

Por servicios públicos gratuitos y de calidad.

No a la dolarización de la economía.

Contra los despidos y suspensiones en empresas públicas y privadas.

Libertad para los trabajadores presos y todos los detenidos por protestar.

Por la disolución de las FAES.

Basta de criminalizar la protesta.

Por un Gobierno de los Trabajadores.

Notas:

[1] Una extensión territorial mayor a la de países como Cuba, Bélgica, Panamá, Irlanda, Suiza o Costa Rica.

[2] https://nuso.org/articulo/el-arco-minero-del-orinoco/

[3] En el caso del gas, en algunas de las asociaciones establecidas las transnacionales llegan a poseer hasta el 100% de la composición accionaria, reduciéndose PDVSA al papel de la administración.