El Sáhara Occidental es una de esas causas que a menudo se entiende como una batalla nostálgica que solo la gente romántica insiste en defender. Sin embargo, la situación en el Sáhara es el perfecto ejemplo de la pasividad institucional ante la violación sistemática de derechos humanos, empezando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y, en esto, el Estado español tiene una importante responsabilidad histórica, legal y moral hacia el Sáhara, que ha rechazado ejercer durante mucho tiempo.
Por Corriente Roja
Las atrocidades que se han cometido durante años con el Sáhara y el pueblo de Marruecos siempre contaron con el silencio y la complicidad de los diferentes gobiernos españoles (PP y PSOE). Esta posición no es casual, ya que la defensa del régimen marroquí ha servido para garantizar las inversiones de las multinacionales españolas en terreno de Marruecos, así como acceder a los caladeros de este país por parte de las grandes empresas pesqueras. Felipe González, antes de ser elegido presidente, viajó a los campamentos de Tinduf para asegurar su apoyo a la independencia. Una promesa que incumplió lo que tardó en llegar a la Moncloa. Pero la que acaba de llevar a cabo Pedro Sánchez ha pasado automáticamente a la lista de las infamias. Un paso, el que acaba de darse, que supone un salto cualitativo por encima incluso de los mandatos internacionales.
Tras una carta enviada por Pedro Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI, el Gobierno de coalición anunciaba el pasado 18 de marzo que la excolonia española del Sáhara Occidental se termine convirtiendo en una región autónoma dentro de Marruecos, que es la posición defendida por Rabat. Sin embargo, la propuesta marroquí apenas contempla algunas competencias para el pueblo saharaui, y no reconoce el anhelo de independencia que reclaman. Una proposición alejada, incluso, de las resoluciones presentadas por las Naciones Unidas, que durante años han llamado a la realización de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. De esta forma, Pedro Sánchez y su gobierno se sitúan de manera inequívoca del lado de la dictadura marroquí que viene oprimiendo a su pueblo, al mismo tiempo que roba los recursos naturales y aplasta los derechos del pueblo saharaui. Una decisión que deja a los y las habitantes del Sáhara en manos de Marruecos, lo que supone uno de los peores escenarios para la lucha incansable del pueblo saharaui.
Aunque el gobierno de Pedro Sánchez niega el giro dado respecto al Sáhara, y en su comparecencia en el Congreso despachó en apenas 15 minutos la decisión tomada, lo que resulta evidente es que, con este cambio histórico, Pedro Sánchez ha pretendido reconciliarse de forma urgente con el gobierno de Marruecos. Públicamente, no conocemos las compensaciones que puede obtener España por este cambio radical en su política hacia el Sáhara. Pero seguramente no estaremos muy lejos de lo cierto si afirmamos que detrás de la apuesta del Gobierno español se encuentra el lograr ciertas garantías de que Marruecos no va a causar problemas en otros ámbitos muy importantes para el Estado español, como la lucha antiterrorista o la integridad territorial, incluyendo, por supuesto, Ceuta y Melilla, así como el mar territorial y la zona económica exclusiva de Canarias o la emigración irregular. El Gobierno español, como fiel guardián de la política racista de la Unión Europea en su frontera sur, subcontrata los servicios represivos a las autoridades marroquíes, desentendiéndose del trato brutal al que son sometidas las personas migrantes que intentan acceder a Europa.
Es cierto que la nueva posición adoptada por Pedro Sánchez ha provocado la respuesta de los partidos socios de investidura del gobierno de coalición, incluida Unidas Podemos. La formación morada ha rechazado la capitulación de Sánchez ante Marruecos, y sigue reclamando un referéndum para el Sáhara. Pero, por mucho que de “boquilla” acusen al PSOE de haber perpetrado una traición a los saharauis, Podemos no abandonará el Gobierno, porque consideran que son “una pieza clave y la única garantía” para asegurar que el Ejecutivo siga haciendo políticas progresistas. En definitiva, nada nuevo en el horizonte. Y es que no se puede estar de palabra con el pueblo saharaui, y al mismo tiempo ser parte de un Gobierno que legitima su opresión por parte de la dictadura marroquí. ¡Basta de cinismo!
Desde Corriente Roja, mostramos nuestro total apoyo a la lucha del pueblo saharaui, contra las agresiones de Marruecos y por su autodeterminación. La lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación es una lucha legítima, que todas y todos l@s que nos consideramos revolucionari@s tenemos que apoyar.
¡Por el derecho de autodeterminación de los pueblos!
¡Por un Sáhara Occidental libre e independiente!
¡Fuera las fuerzas represoras del gobierno de Marruecos!
