| Un 25 de noviembre de lucha |
| Escrito por Amanda Aguilar - MAS | |||
| Viernes 26 de Noviembre de 2010 23:18 | |||
Los gobiernos Arias-Chinchilla han tenido política creciente de desprotección a las mujeres. Durante la administración anterior por ejemplo, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), giró una directriz que impide a las abogadas de la Delegación representar a las mujeres maltratadas en los procesos judiciales, así como la posibilidad de que recursos del INAMU y de su Área de Violencia sean desviados a otros programas estatales.
Así mismo, la Sala Constitucional en el 2008 dejó sin efecto mediante una resolución los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que penalizaban los distintos tipos de violencia hacia las mujeres y bajo los cuales se amparaban el 77% de todas las denuncias relacionadas con dicha Ley.
Por eso, a partir del 2008, cada 25 de noviembre, las manifestantes colocan en las puertas de la Sala Constitucional los nombres de las mujeres asesinadas ese año, para recordar que los femicidios siguen en aumento y que la lucha por mejores condiciones de protección y atención a las mujeres continúa.
Este 25 de noviembre, sin embargo, precisamente como parte de la escalada de represión del gobierno hacia los movimientos sociales y los sindicatos, se impidió el acceso a las puertas de la Sala IV, en un intento por impedir que los nombres de las 38 mujeres asesinadas este año (no todas reconocidas por el gobierno como femicidios) fueran colocadas en sus puertas, lo que dio origen a un enfrentamiento entre las manifestantes y la policía.
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Los gobiernos Arias-Chinchilla han tenido política creciente de desprotección a las mujeres. Durante la administración anterior por ejemplo, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), giró una directriz que impide a las abogadas de la Delegación representar a las mujeres maltratadas en los procesos judiciales, así como la posibilidad de que recursos del INAMU y de su Área de Violencia sean desviados a otros programas estatales.















