Vie Mar 29, 2024
29 marzo, 2024

Yasuní: Polémica en torno a la explotación

Esta problemática debemos analizarla desde varias perspectivas: la ambiental, la de los derechos humanos y la socioeconómica, en referencia al modelo de desarrollo, con la finalidad de desenmascarar el discurso de Correa que trata de justificar su decisión de explotar el Yasuní. En realidad el tema del Yasuní es la punta de un iceberg que nos remite a una problemática más extensa y profunda.

Desde la perspectiva ambiental es insostenible afirmar que no se va a resultar afectada la rica biodiversidad de la zona. Es falso afirmar que la tecnología de punta permite explotar el petróleo sin afectar al medio ambiente. La tecnología de punta en el sistema capitalista está diseñada para reducir costos e incrementar ganancias, no para garantizar la seguridad de los ecosistemas. Recordemos además que las tecnologías de punta están en manos de las grandes transnacionales.

Desde la perspectiva de los derechos humanos está en juego la supervivencia de las nacionalidades indígenas que habitan en la zona, especialmente de los llamados pueblos no contactados. Recordemos que históricamente se ha producido ya un etnocidio, por ejemplo de los Tetetes y los Anzahuari, ya extinguidos, y su memoria solamente se recuerda a través de sus nombres en dos pozos petroleros. Las masacres entre pueblos como los Huaoranis y los Tagaeris están impulsadas por intereses obscuros de las empresas madereras y, en general, las empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales.

Perspectiva socioeconómica 

Desde la perspectiva socioeconómica hay también poderosos intereses que han llevado al gobierno de Correa a explotar el Yasuní, abandonando la iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra. Una pregunta fundamental es: ¿Cuáles son los fines que realmente persigue el gobierno al explotar el Yasuní? El discurso de combatir la pobreza a través de la inversión social mediante los recursos presupuestarios es un discurso falso. Analistas como Pablo Dávalos y Henry Llánez demuestran con datos que explotar el Yasuní no es una real alternativa para superar la pobreza y aumentar significativamente la inversión social, ya que los ingresos petroleros representan no más del 20% del presupuesto del Estado. Si aceptamos las cifras oficiales que hablan de recabar 18 mil millones de dólares por la explotación del Yasuní y la prorrateamos para 25 años de vida útil que tendría la explotación, tenemos una cantidad de 720 millones por año que resulta insignificante dentro de la estructura presupuestaria (33.000 millones en el presente año). Más aún si consideramos que según el Código de Finanzas Públicas se prohíbe utilizar los recursos petroleros en gasto social. ¿En qué se invierten los ingresos petroleros?

El año pasado el Ecuador negoció por petróleo 14.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron al Estado solamente 6.800 millones de dólares. El gobierno utilizó casi 4 mil millones para comprar gasolina y otros derivados y para invertir en la reserva internacional de libre disponibilidad. Es un mito que el petróleo se está destinando a la inversión social. El petróleo es un buen negocio pero no para el país sino para las empresas transnacionales y las intermediarias nacionales involucradas en las actividades extractivistas. El petróleo, la minería y la explotación de los recursos naturales constituyen una gran oportunidad para los nuevos sectores de la burguesía adscritos al proyecto de la revolución ciudadana y los grupos financieros relacionados con las petroleras internacionales.

Durante el periodo de Correa (2007-2012) la explotación petrolera generó un ingreso aproximado de 85.000 millones de dólares, casi igual a lo que se generó entre los años 1972 – 2006 (85.400 millones). A pesar de haber generado tanto dinero el Ecuador sigue siendo un país con altos índices de pobreza y marginalidad, y la región amazónica, de la cual proviene la mayor cantidad de riqueza, tiene los más altos índices de pobreza, extrema pobreza e incidencia de enfermedades como el cáncer.
Está más que comprobado que los países que apuestan al modelo primario exportador y a la explotación de los recursos naturales, sin ponerles valor agregado y emprender un proyecto de industrialización, permanecen sumidos en el subdesarrollo.

Mientras tanto…

El gobierno ha planteado la necesidad de cambiar la matriz productiva; sin embargo resulta muy paradójico querer salir del extractivismo con más extractivismo. El tema del modelo de desarrollo que debe seguir el Ecuador es un tema fundamental para nuestros países y para la izquierda revolucionaria, ya que sabemos que no hay posibilidades de superar el atraso, la pobreza, la injusticia y la violencia dentro del capitalismo sino solamente con una sociedad socialista en el marco del internacionalismo proletario.

Lo que queda de la izquierda “infantil” luego de la feroz ofensiva gobernista especialmente contra partidos como el MPD y Pachakútik, logró confluir nuevamente en torno al tema del Yasuní. 

¿Qué hacer? 

El 21 de Septiembre se reunió en Quito una Asamblea Nacional por la Vida, con asistentes de diversas provincias y la representación de diversos movimientos sociales y partidos de izquierda. Allí se planteó una plataforma de lucha que recoge no solamente el rechazo a la explotación del Yasuní sino reivindicaciones de los trabajadores, los pueblos indígenas, los jóvenes, los ecologistas, las mujeres, entre otros. El debate fundamental giró en torno a la conveniencia de la consulta popular. Los argumentos principales para oponerse fueron que los derechos de los pueblos indígenas y los no contactados no se discuten ni deben someterse a consulta, sino que deben defenderse por principio. También el argumento de que es muy difícil ganar la consulta frente al poder institucional y mediático del gobierno, lo cual legitimaría la explotación no solamente del Yasuní, sino de otras zonas mineras y petroleras. Pese a estas contradicciones, desde el MAS estamos de acuerdo en apoyar la consulta y participar en la recolección de firmas ya que se abre un espacio político muy importante para generar debate, crítica, denuncia sobre el carácter del gobierno, y también movilización, organización y resistencia frente a las políticas antipopulares del régimen, la pérdida de derechos y la criminalización de la lucha social. 

Defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas 

Los derechos de los trabajadores, como la contratación colectiva, la huelga y la protesta, la estabilidad, el derecho a la organización han sufrido un grave retroceso. La lucha y la protesta social han sido criminalizadas y estigmatizadas, a través de la instrumentalización de la justicia para perseguir y penalizar a los dirigentes y las organizaciones sociales que se han atrevido a cuestionar al régimen, especialmente en el caso de la CONAIE, la ECURUNARI y otras organizaciones locales por su desacuerdo con la Ley de Minería, la Ley del Agua y ahora la decisión de explotar el petróleo en el Yasuní. Los maestros y su organización histórica la UNE han sido desmantelados. Los estudiantes y parte de sus organizaciones gremiales antes críticas y combatidas han sido cooptadas por el gobierno. La manera cómo se manejó el caso de los estudiantes del Colegio Central Técnico fue particularmente perversa por los precedentes de temor y amedrentamiento que mete en la conciencia juvenil.

Las universidades perdieron conquistas históricas como la autonomía, el cogobierno, el libre ingreso, la democracia interna y ahora la libertad de cátedra. Los derechos y espacios de las organizaciones de las mujeres han experimentado un retroceso enorme con el nuevo Código Penal con la penalización del aborto. El decreto 16 limita severamente el funcionamiento de las organizaciones sociales de diverso tipo. En definitiva no hay sector social y político de izquierda que no haya resultado afectado por el modelo de un Estado autoritario que busca vigilar, castigar, reprimir y penalizar cualquier forma de protesta o crítica social.

El puntillazo final está dado por el nuevo Código Penal punitivo y represivo con el que siempre soñó la derecha. En este marco es que se ha desarrollado la campaña por la búsqueda de nuestra compañera Carolina Garzón y los demás desaparecidos a través del ASFADEC (Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas del Ecuador), donde hemos experimentado en carne propia la negligencia, la inoperancia y la injusticia de los organismos del Estado involucrados en el tema de la seguridad ciudadana. En este escenario la organización, la lucha conjunta y la solidaridad cobran sentido.

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