El movimiento de la región de Lalgarh, que comenzó en noviembre de 2008, es una de la mayores formas de manifestación de malestar popular dentro de los santhals, mundas, shabars y lodhas, algunos de los más explotados pueblos adivasis[1] del estado de Bengala Occidental[2].

Estalla así, de manera muy gráfica, la pretensión del Frente de Izquierda que gobierna el estado sobre su supuesto tratamiento "diferente" a los adivasis que, en realidad, no se diferencia en nada del que hacen los gobiernos de otros estados o el Viejo régimen colonial, seis décadas después de la independencia del país.

Ubicada cerca de Salboni, en el distrito West Medinipur de Bengala Occidental, en la parte oriental de la vasta franja de la India Central habitada por adivasis (abarcando Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharastra and Gujarat), Lalgarh es un área extremadamente pobre y castigada. Cada día es una lucha contra la pobreza,  el hambre, la desnutrición, el analfabetismo y una marginalización sin fin. Las leyes sobre preservación de bosques y sus habitantes ha sido ignoradas. Cada día los contratistas eliminan nuevos bosques, mientras los adivasis sufren este ataque. Pocos pattas (medida de superficie usada en la India) son para los adivasis en West Midnapur.

A la larga historia de explotación económica, discriminación y degradación cultural se agrega la represión política estatal, en un padrón histórico que no ha cambiado esencialmente con la llegada del Frente de Izquierda El dominio de la clase media alta dentro de la izquierda reformista significa que la lucha por justicia social y dignidad de los adivasis y dalits [casta de los parias o "intocables] ha sido siempre ignorada o "encajonada" con formulismos.

Las fuerzas represivas del estado, complementadas con la represión de bandas partidarias, permanece como el principal instrumento de control. Quizás la mas clara indicación es 32 años de gobiernos de partido de raíz estalinista no han hecho ningún cambio significativo al punto que los puestos de trabajo y vacantes educativas en Bengala Occidental, reservados por ley, son actualmente ocupados por adivasis "reclutados" en otras regiones. Desde el inicio de la década de 1990, el gobierno ha dispuestos el arresto indiscriminado de los adivasis locales con la excusa de "liberar el área de 'maoístas'"[3].

En una entrevista al Sumit Sarkar and Tanika Sarkar (marzo 2009), Sumit Chowdhury, un importante miembro del Lalgarh Sanhati Mancha, reveló que actualmente mas de 1.500 personas languidecen en la cárcel son juicio. Estas privaciones, la violencia cotidiana a que son rutinariamente sometidos los adivasis, han contribuido a la consolidación de un profundo resentimiento. Una  evidencia de la complete negligencia que sufren los adivasis es que, aunque unos pocos años atrás, se desarrolló un plan para proveerles educación, salud y otros beneficios, con la asistancia de la facultad IIT Kharagpur, sólo se gastó una pequeña parte (menos del 20%) de la suma asignada.

Esta zona periférica de hambre y carencia de derechos quiere ser transformada en una Zona Económica Especial (SEZ, por sus siglas en inglés). La Jindals[4] quiere contruir una planta siderúrgica. Para ello, obtuvieron 5.000 acres[5] de tierra en septiembre 2007. Fuera de eso, otros 4.500 acres le fueron otorgados por el gobierno de Bengala Occidental, de tierra correspondiente a la distribución para las tribus. La tierra restante fue directamente comprada por otras empresas inversoras en la SEZ. La sanción originaria sólo preveía la planta siderúrgica. Pero luego fue concedido la categoría de SEZ, rápidamente en agosto 2008, porque una vez garantizado este estatus, pueden ser ignoradas a voluntad toda una serie de leyes y reglamentos, incluyendo los requisitos previstos por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA por sus siglas en inglés).

Así, al apoderarse de esta tierra, la Jindals podría violar todas las leyes sobre bosques. Tanto el Departamento de Bienestar Tribal como el Departamento de Bosques guardaron silencio frente al próximo megaproyecto de la Jindals. Este primer emprendimiento industrial se carga sobre las espaldas de los adivasis y otros habitantes locales sin tomarlos en cuenta, ni a sus opiniones, manteniendo en secreto las consecuencias del proyecto. El estatus de SEZ también protege el proyecto de huelgas y otro tipo de movimientos de protesta de los adivasis contra la usurpación de sus tierras, aguas y recursos forestales. Mientras se niega el derecho de uso de estos recursos naturales a los habitantes de la región, la planta siderúrgica tendrá libre acceso al agua y a la electricidad.

Una presencia masiva de policía antiterrorista siguió a la explosión de una mina terrestre, cerca de Salboni, el 2 de noviembre de 2008, posiblemente destinada al Primer Ministro de Bengala Occidental, Buddhadev Bhattacharjee, quien fue a inaugurar la construcción de la propuesta planta siderúrgica. La policía, que supuestamente debía garantizar la "seguridad" de la población, fue identificada como el principal elemento que contribuye a la inseguridad popular. La organización Pulishi Santras Birodhi Janasadharaner Committee (Comité Popular Contra las Atrocidades Policiales, PCAPA por sus siglas en inglés) realizó una declaración sobre que sectores "investiga" la policía.

Estas demandas fueron la consecuencia de la violencia estatal, incluyendo violencia sobre mujeres. El 4 de noviembre, un grupo policial armado arrestó a Dipak Pratihar, de la aldea Katapahari, mientras  estaba comprando medicinas en una farmacia de Lalgarh, para Lakshmi, su esposa embarazada que lo acompañaba. La policía la golpeó brutalmente, la arrojó al piso y debió ser hospitalizada.

La policía normal y la antiterrorista, dirigida por el official a cargo de la oficina de Lalgarh, Sandeep Sinha Roy, y el superintendente de policía del distrito de West Midnapore, Rajesh Singh, ha desatado un "reino del terror" en 35 aldeas que abarcan todo el cordón tribal de Lalgarh. En el operativo nocturno del 6 de noviembre, mujeres fueron brutalmente pateadas y golpeadas con bastones y culatas de armas. Entre las heridas, están Chitamani Murmu, uno de cuyos ojos fue golpeado por un culatazo; y Panamani Hansda, que fue golpeada en el pecho y sufrió fracturas múltiples, debiendo ser hospitalizada. Chitamani perdió su ojo por la herida. Otras ocho mujeres fueron gravemente heridas.

Estas brutalidades policiales pronto alcanzaron un punto en que los adivasis no tuvieorn otro opción sino revelarse. Los 13 puntos de la carta de demandas las expresan tal vez un poco crudamente, pero de modo muy firme. La demanda 1 reclama que el represivo Superintendente de Policía se disculpe públicamente, haciéndolo sentar, mientras sostiene sus oídos y frota  su nariz en el suelo, una forma de castigo que los adivasis consideran humillante. Esto es un intento de invertir la actual relación de fuerzas. No sorprendentemente, nadie dice que una disculpa del Superintendente de Policía sea inaceptable para el estado. ¿Pero, cómo podría bajar la cabeza ante la gente que realmente considera inferiores y menos que ciudadanos?

Por muchos meses, Lalgarh vio un movimiento democrático y pluralista movimiento de masas. Este movimiento sacó a la policía del área, pero el resultado fue una reducción de la violencia, mostrando que, en su mayoría, es perpetrada por el estado. La lucha en Lalgarh es una demostración de desarrollo desigual y combinado. Por un lado, vemos la continuación de las luchas de los  adivasis, similares a las que se desarrollaron en período colonial. Por el otro, la lucha está hoara dirigida contra la  más moderna forma de explotación capitalista. Mientras muchas de los símbolos de la tradicional política adivasi permanecen, la lucha también se eleva a formas radicales mucho más modernas.

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La Operación Lalgarh ha abierto los "ojos políticos" del pueblo de Bengala Occidental. El desgobierno, el autoritarismo, el apoyo a políticas capitalistas de derecha, por parte del gobierno del Frente de Izquierda, junto con la ausencia de una creíble alternativa de izquierda, han significado que la lucha antineoliberal en Nandigram, Singur y Lalgarh hayan volcado al pueblo en la dirección del Congreso Trinamool (TMC por sus sigla en inglés)[6]. Muchas organizaciones maoístas y estalinistas, y militantes de izquierda individuales se han sumado al proceso, llamando a un bloque que abarque todos los sectores en contra del CPI (M).

Ahora, la UPA[7], gobernante a nivel nacional, ha mostrado los dientes. El reclamo de  brutalidad hecho por el PCAPA fue reconocido por el secretario del Departamento de Bienestar de las Clases Pobres del gobierno de Bengala Occidental, R.D. Meena. Pero, en lugar de tomar acciones serias, el gobierno estatal ha decidido "enseñar una lección" a los adivasis. El gobierno de la UPA se le ha unido. Dos cuestiones están involucradas en esta acción. Por un lado, quieren mostrar que, para combatir las luchas populares, ellos harán causa común con todos sus opositores políticos dentro de la estructura burguesa. Por el otro, en tanto la "ley y el orden" son un asunto del gobierno estatal, también hay un plan claro de dejar que el Frente de Izquierda reciba el odio popular, mientras que el Partido del Congreso disfruta del beneficio de ser oposición en Bengala Occidental y por tomar medidas de bienestar social.

Aún más significativo es el papel del TMC. Su principal líder, Mamata Banerjee, ha usado las luchas en Singur, Nandigram y Lalgarh para recolectar votos. Pero ahora que el TMC integra el gobierno nacional de la UPA, su posición ha cambiado. Chhatradhar Mahato, el líder del PCAPA es un ex miembro del TMC, que expresa que ha sido expulsado. Pero Mahato afirma que salió porque siente que el TMC no va a hacer realmente nada por los adivasis. La única objeción que hizo el TMC, al inicio de las operaciones, fue que el CPI (M) no debería haber permitido la captura del terreno cuando las fuerzas  paramilitares ingresaron a Lalgarh.  En otras palabras, hoy el TMC no tiene ninguna  objeción al hecho de que el movimiento popular sea aplastado por la violencia del estado.

El papel del CPI (M) también debería servir como una advertencia para aquellos que ven mejor aliarse con ellos  contra el Partido del Congreso y el TMC.  Incluso mientras Prakash Karat argumentaba que los maoístas necesitaban ser combatidos políticamente, Sitaram Yechuri estaba llamando al Primer Ministro a demostrar su seriedad en abordar lo que su gobierno decía ser la mayor amenaza a la seguridad interna.

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Nuestras  demandas y posiciones son:

·                     Condenamos la violación de las libertades civiles en Lalgarh.

·                     Exigimos un castigo ejemplar de quienes han violado los derechos humanos, incluyendo aquellos involucrados en agresiones sexuales a mujeres.

·                     Exigimos el fin inmediato de la Operación Lalgarh

·                     Exigimos la revocación de la proscripción  del CPI (maoísta)

·                     Exigimos la retractación de todas la acusaciones contra personalidades de la sociedad civil que han   visitado Lalgarh

·                     Reclamamos el derecho popular,  en todo el territorio de la India, a decider colectivamente que tipo de desarrollo se quiere.

·                     Apoyamos la lucha del pueblo de Lalgarh contra la SEZ y por la dignidad humana.

·                     Llamamos a la unidad de las luchas populares por democracia obrera y un partido revolucionario de masas, por el derecho de explotación sobre sus tierras para que los adivasis, dalits, musulmanes, trabajadores y campesinos, mujeres y hombres,  puedan caminar con su cabeza alta.

[6] El All India Trinamool Congress (TMC), antes West Bengal Trinamool Congress (WBTC) nació en 1997 como una ruptura del Partido del Congreso (ver nota abajo) en el estado de Bengala Occidental.    

[7] UPA: siglas en ingles de la Alianza Progresiva Unida, coalición gobernante en la India. Su integrante más fuerte es el Partido del Congreso, la principal organización burguesa del país, fundada por Mahatma Gandhi, antes de la independencia.