De nuestra consideración:

Por intermedio de la presente, los abajo firmantes, en conocimiento de la Resolución del Consejo Universitario de la UMSA Nº 514/09 de fecha 2 de diciembre de 2009, homologando la resolución Del Consejo Facultativo de Ciencias Sociales 687/09 del 1 de Diciembre de 2009 que resolvió “…Declarar anti autonomistas a las personas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social”, además de considerar la resolución del Consejo Universitario 283/09 de 23 de junio de 2009 que da inicio a Proceso Universitario contra estudiantes y docentes de Comunicación. Las personas afectadas son: Gabriela Sotomayor (Directora), Sidney Tórrez, Jaime Vilela G., Ronald Carrasco, William Rower, Víctor Díaz (Docentes de Comunicación), Javier Rodríguez (Ejecutivo del Centro de Estudiantes), Humberto Balderrama, Lucio Villacorta (Estudiantes de Comunicación), Edith Nogales y Jacquelin Pérez (estudiantes de Trabajo Social).

Nosotros manifestamos nuestro rechazo a dicha resolución condenatoria porque consideramos que la misma no respeta los mínimos derechos democráticos de cualquier ciudadano; el derecho a debido proceso: los que pidieron la sanción fueron jueces; y porque no existen causales para que se les inicie procesos universitarios.

Por otra parte cuando la Resolución argumenta las razones por las cuales se les sanciona a los compañeros, deliberadamente ocultan las razones justas y necesarias por las cuales las bases de comunicación (y no individuos) se movilizaron. Ésta  textualmente dice: las “tomas arbitrarias de predios universitarios” (se refiere a la del Monoblok) y la  “ocupación física de los predios del edificio Hoy”. En el primer caso se oculta que la lucha fue por la expulsión de los docentes truchos por flagrantes actos de corrupción que se extendió durante 6 años en los cuales las autoridades universitarias no quisieron dar solución al problema. Fue necesaria la heroica toma del Monoblock el pasado año, que duró un mes (incluso atacada por delincuentes prontuariados que aún gozan de impunidad) para que se dé respuesta a la justa reivindicación. En este caso fue el dictamen de la Contraloría del Estado Plurinacional de Bolivia quien finalmente les dio la razón.

En el segundo caso además de la ambigüedad de “…ocupación física” que implica el reconocimiento por parte de las autoridades de que no hubo toma,  las bases pedían cursos de verano gratuitos con fondos adeudados a la carrera en la gestión 2009, con la carga horaria asignada a la carrera que no se utilizó en la gestión regular a causa de la obstrucción del propio Decano Raúl España. El problema tampoco fue solucionado por las autoridades. Fue necesaria la movilización para que éstas ofrecieran propuestas e hicieran compromisos, dándoles la razón de que esta lucha es totalmente justa.

Además la sanción a las compañeras de Trabajo Social es más injusta aún porque sólo mostraron su solidaridad con la causa de Comunicación al igual que muchos estudiantes y trabajadores de base.

Asimismo, consideramos que por ningún motivo se puede considerar como acción antiautonomista que los estudiantes procedan a la “ocupación física” de su universidad, incluso si se toman predios por causa justa no se vulnera la autonomía, pues son acciones que se circunscriben dentro de la universidad, sin actores ajenos a ella. Pero si son, anti autonomistas quienes llamaron a la policía, que es una institución represiva del Estado, ajena a la universidad y provocaron la violenta represión contra universitarios (especialmente mujeres)  el 30 de noviembre del 2009 en las puertas del edificio “Hoy”. En realidad fue el Decano España quien llamó a la Policía (Declaración de él en El Diario el 4 de diciembre) vulneró la inviolabilidad de los recintos universitarios (Art. 5 del Estatuto Orgánico de la UMSA).

Esta actitud autoritaria e injusta, típica de regímenes pro oligárquicos y neoliberales, es contradictoria con la propaganda mediática que sostiene que “la UMSA  está junto a su pueblo”.   No puede condenarse al pobre por pedir pan, ni se puede declarar anti autonomistas a estudiantes y docentes que reclaman por condiciones de estudio dignas y defienden la educación fiscal, única y gratuita.

Finalmente, por los argumentos señalados arriba, solicitamos a su autoridad, la inmediata anulación de dicha Resolución y de cualquier proceso universitario que se les podría seguir, así como reiterar nuestra solidaridad moral y material con las medidas en busca de justicia a las que recurran las bases de Comunicación Social en el futuro próximo.